La iniciativa contempla que a estas personas les retiren la patria potestad
Maximiliano Pérez
La diputada local de Morena, Tania Meza Escorza, presentó este miércoles ante el Congreso de Hidalgo una iniciativa para retirar la patria potestad a quienes cometan feminicidio y a deudores alimentarios, con el objetivo de impedir que agresores conserven derechos legales sobre las hijas e hijos de las mujeres a las que violentaron.
La propuesta busca reformar la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo para fortalecer las causales de suspensión de la patria potestad.
Entre los cambios planteados se establece que este derecho se suspenda cuando exista incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia durante tres meses consecutivos o discontinuos en el lapso de un año, siempre que no haya una causa justificada.
Además, la iniciativa propone modificaciones al Código Penal del estado para que, en los casos de feminicidio, la persona responsable pierda de manera automática los derechos de familia respecto de la víctima y de sus hijas o hijos, incluidos los derechos sucesorios, además de enfrentar las penas de prisión correspondientes.
Durante la exposición de motivos, la legisladora enfatizó que la patria potestad no debe entenderse como un privilegio absoluto. “La patria potestad no es un derecho incuestionable; es una función social y jurídica que implica deberes concretos: proteger, educar, alimentar y garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes”, expresó.
La diputada morenista subrayó que el incumplimiento del pago de pensión alimenticia no se trata de un conflicto privado entre personas adultas, sino de una violación directa a derechos fundamentales de la niñez, como la alimentación, la salud, la educación y el desarrollo integral.
En el ámbito penal, la iniciativa retoma el espíritu de la llamada “Ley Monzón”, impulsada a nivel nacional tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, ocurrido el 21 de mayo de 2022, cuyo objetivo es evitar que los agresores mantengan control o beneficios legales sobre las hijas e hijos de las mujeres a las que asesinaron.
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación, en un contexto en el que organizaciones civiles y colectivos feministas han insistido en la necesidad de reforzar los marcos legales para proteger a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de la violencia feminicida.
