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Confirman el laudo a favor de quienes deberán ser reinstalados

Roberto Rodríguez Vallejo

Lerdo, Durango.- Luego de perder el segundo amparo, el Ayuntamiento de Lerdo deberá reinstalar a casi ochenta ex empleados municipales, así como pagar los salarios caídos y prestaciones de ley por un monto aproximado a los 120 millones de pesos.

Lo anterior debido a la resolución del pasado 13 de septiembre del 2017 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del vigésimo quinto Circuito en donde confirma el laudo favor de los ex trabajadores.

Lo anterior lo informó Salvador Olivares de la Cruz, representante legal de casi 40 ex empleados, quien por medio de una conferencia de prensa y con documentos oficiales confirmó la negativa del amparo de revisión que el ayuntamiento pidió el año pasado por el entonces alcalde Luis de Villa Barrera.

En ese sentido y de acuerdo al documento confirmó la negativa del amparo y ratificación del laudo a favor de los ex empleados, por lo tanto exhortó a las autoridades municipales actuales a cumplir con la reinstalación de los casi 80 trabajadores y el pago de sus prestaciones laborales.

Además comentó que sería absurdo que el Ayuntamiento utilizara la última revisión de dicha sentencia con un tercer amparo en virtud de que estaría aumentando de diez a doce millones de pesos este juicio; lo que es contraproducente para las finanzas del gobierno municipal.

Enseguida Olivares de la Cruz responsabilizó a los ex alcaldes Carlos Aguilera Andrade, Roberto Carmona Jáuregui y Luis de Villa Barrera en virtud de que teniendo los recursos económicos se negaron a reinstalar y en su momento a liquidar a tal grado que de 4 a 6 millones de pesos ahora el costo a diez años de haber iniciado el juicio la cantidad es de 120 millones de pesos por caprichos de Aguilera Andrade.

A pregunta expresa dijo que sería irresponsable utilizar el último recurso de amparo por el hecho de que el costo diario en agravio de las finanzas del Municipio es de 29 mil 601 pesos, por lo que exhortó a que se cumpla con la ley y la reinstalación de sus representados a fin de cumplir con la resolución que en su momento confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Finalmente Olivares de la Cruz, dejó claro que sus representados tienen y defendieron sus derechos como cualquier otro trabajador, de ahí que en base al laudo a favor y el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben de ser reinstalados en sus cargos para cumplir con la ley.

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