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Torreón, Coahuila.- El partido Acción Nacional (PAN) denunció la presunta existencia de una red de corrupción encabezada por el candidato priista a gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís en la que estarían involucradas empresas “fantasmas” creadas para desviar del erario recursos por un monto global cercano a los 180 millones de pesos.

Se trata de un asunto en el que se asegura se dio la participación como socios o cómplices de personajes que en distintas etapas han sido subalternos de Riquelme dentro del servicio público, como es el caso de Gerardo Berlanga Gotés, actual director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Torreón; el contralor municipal, Javier Lechuga Jiménez Labora y Xavier Herrera Arroyo, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS); y se mencionan a otras personas más, entre éstas al ex contralor Lauro Villarreal Navarro y al constructor Gabriel Díaz Couder.

La presentación del resultado de toda una investigación que se desahogó durante varios meses con la finalidad de confirmar y documentar la existencia de la citada red, se realizó durante una rueda de prensa que encabezó el candidato panista al gobierno de Coahuila, Guillermo Anaya Llamas, acompañado entre otros por el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés y el senador Luis Fernando Salazar Fernández.

Le correspondió precisamente al senador Salazar Fernández dar cuenta de las conclusiones de la investigación que, dijo, él mismo desarrolló para allegarse de información pública contenida en documentos oficiales que obran hoy en un expediente que sustenta el dicho en el sentido de que en la actual administración municipal que presidió como alcalde Riquelme Solís operó una red de corrupción.

Por tratarse de delitos del fuero común, las denuncias se presentarán ante la Procuraduría General de Justicia del Estado a través de la agencia del Ministerio Público competente, desde donde, para que no duerman el sueño de los justos, se les dará un puntual seguimiento hasta sus últimas consecuencias a partir del inicio del nuevo gobierno estatal que, se refirió, seguramente será encabezado por Anaya Llamas.

Al inicio de una detallada exposición, Luis Fernando Salazar hizo alusión a la relación que siempre ha tenido Riquelme dentro del servicio público con Berlanga, Lechuga y Herrera, lo mismo que con Lauro Villarreal desde que llegó a estar al frente de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna, e hizo notar que a los tres primeros los llamó a formar parte de su equipo de funcionarios a partir de que inició sus funciones como alcalde en el 2014.

Uno es el caso de Vibla Edificaciones S.A. de C.V., de Carlos Lauro Villarreal a la que primero se le contrató para remodelar una plaza pública en Ciudad Nazas y luego otros espacios, con lo que finalmente se justificaron pagos por un monto global aproximado a los 50 millones de pesos.

También se mencionó que curiosamente a ambas empresas, que de hecho comparten un mismo domicilio en la colonia Nueva Laguna Norte, el gobierno estatal les otorgó durante el año pasado y el actual contratos de obra por alrededor de 30 millones de pesos para el arreglo de distintas plazas, una de éstas en el municipio de Viesca.

Otro de los señalamientos de Salazar fue en el sentido de que Gerardo Berlanga habría adjudicado obras por casi 10 millones de pesos a favor de una empresa “fantasma” de la que aparece como socia Marisol Vanesa Rodríguez García, quien curiosamente es beneficiaria del INEA, y quien lo más probable es que ni siquiera esté enterada de que su nombre se ha utilizado para hacer negocios ilícitos.

Por lo que respecta a Xavier Herrera, se le acusa de haber conformado una red de contratistas a través de una empresa identificada como Camel 23, S.A. de C.V., de la que aparece como representante legal Fernando Campa Elías, socio de la compañía Eventos Heroca, S.A. de C.V. que opera diversos negocios del giro de bares y restaurantes, entre estos La Catrina.

Se asegura que en este caso se hicieron negocios por más de 10 millones de pesos, para lo cual se asignan obras a Berlanga, a través de su subalterno en la Dirección de Obras Públicas, Aldo Daniel González Ceniceros, y se utiliza para ello a las empresas Digital Plotter, S.A. de C.V y Proyectobras, S.A. de C.V.

En otra parte de sus declaraciones, el senador panista destaca que también se han documentado pruebas del enriquecimiento desproporcionado que han alcanzado los involucrados y sus familiares, por ejemplo en relación con la compra de bienes inmuebles realizadas por sus cónyuges.