En el presente mes de julio la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) publicó el estudio ‘Panorama de las Administraciones Públicas en América Latina y el Caribe 2024’ en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En el documento se da respuesta a una creciente demanda de datos cuantitativos y cualitativos sobre la gobernanza en la región. Los indicadores del estudio cubren 11 áreas de la administración pública, organizadas en tres grandes categorías: 1) confianza en las instituciones y satisfacción con los servicios públicos, 2) buenas prácticas de gobernanza y 3) ingresos y gestión de los recursos públicos.

El estudio llega a diversas conclusiones, entre las que resaltan, a nivel regional las siguientes. La confianza en los gobiernos en América Latina y el Caribe se ha reducido en casi cuatro puntos porcentuales entre el 2008 y el 2022; solo ocho países de la región tienen mecanismo para involucrar a personas social o económicamente marginadas en los procesos de participación ciudadana; solo cinco países de la región toman en cuenta los comentarios de las partes que se ven impactadas al generar regulaciones; los gobiernos de la región enfrentan el doble reto del crecimiento de la deuda pública y el bajo crecimiento de los ingresos nacionales.

En el documento se presentan importantes conclusiones para el caso específico de México; la producción del conocimiento que presenta la OCDE y el BID sobre la gestión de la administración pública debe de ser estudiada a detalle por las autoridades de los tres niveles de gobierno en la conformación de planes y programas de gobierno para que éstos respondan a los retos reales en materia de gobernanza. A continuación se presentan algunas de las más relevantes.

Mejorar la distribución del ingreso en México sigue siendo un tema de tratamiento prioritario; países como Argentina, Bolivia, El Salvador o República Dominicana muestran mejores indicadores de distribución de la riqueza que México. A ello hay que sumar que en nuestro país la inflación que sufre la canasta de bienes que consume la población en pobreza extrema está cerca del 14 por ciento anual, siendo la segunda más alta de la región. Esta dramática estadística no nos debería de sorprender; el crecimiento de los precios de los bienes y servicios que consumen las y los mexicanos más pobres se ha visto fuertemente impactado por el crecimiento de los precios de los alimentos y los servicios de salud.

En el sexenio de López Obrador, la inflación acumulada en alimentos ha sido del 54 por ciento; por su parte, el precio de los servicios de salud con el actual gobierno federal se ha incrementado de forma acumulada en un 42 por ciento. El combate estructural a la pobreza es casi imposible de imaginar en un país en el que los precios de los alimentos y la salud crecen a este ritmo. No hay esquema fiscal que soporte un crecimiento de las transferencias directas de dinero a las familias a este ritmo, por lo que el poder de compra de las familias más pobres y el número promedio de carencias sociales ha aumentado en los últimos seis años, y con ello la pobreza extrema también lo ha hecho.

A pesar de ello, la confianza en el gobierno en México es la segunda más alta en la región, solo después de Costa Rica, lo cual implica un fenómeno que en lo político y social ha rebasado a lo económico. El votante mediano en México ha demostrado sentirse satisfecho con la política de desarrollo social del actual gobierno federal, a pesar de haber visto condicionadas las posibilidades de lograr mayor movilidad en el mediano y largo plazo al tener menores posibilidades de acceso a los tres pilares fundamentales del combate estructura de la pobreza: educación, salud y alimentación de calidad.

A ello hay que sumar que, de siete países en los que el estudio midió el porcentaje de población que confía en que el sistema político le permite tener una opinión sobre lo que hace su gobierno, México ocupa la penúltima posición, solo antes de Brasil. Menos del 25 por ciento de las y los mexicanos creen tener la posibilidad de que sus opiniones sean tomadas en cuenta al definir el quehacer de la administración pública; además, más del 70 por ciento de la población cree que la corrupción está generalizada en el gobierno y ocupa la última posición entre los 25 países en los que se midió la percepción de discriminación en la impartición de justicia. Lo anterior resulta altamente paradójico al contrastar contra el nivel de confianza que las y los mexicanos dicen tener en el gobierno. Llama la atención que, en el país, la confianza en el gobierno es cada vez menor a medida que se va midiendo en grupos de población más joven.

Parece evidente que la estrategia de aumentar las transferencias directas de dinero en México ha sido altísimamente rentable en lo político y ha ocurrido en los tres niveles de gobierno y bajo la tutela de diferentes partidos políticos. Ello ha sido capaz de sesgar el análisis serio sobre temas como el combate estructural a la pobreza –más allá del combate a la pobreza por ingresos-, el combate a la corrupción o el desarrollo de prácticas democráticas a través de la participación ciudadana.

Finamente, por su relevancia en momentos en los que gobiernos entrantes deben de estar ya diseñando sus propuestas de programas de gobierno, me permito compartir las áreas de mejora para México en cuanto al combate de prácticas de corrupción en la contratación pública que se presentan en la investigación, entre las que se encuentran: el reforzar la contratación pública electrónica y la transparencia en el proceso de contratación a través de la gestión de contratos ex post y la publicación electrónica de ofertas, como se hace en Chile, Colombia y República Dominicana. Por otro lado, se recomienda impulsar la contratación pública a través de profesionistas especializados en ello, requiriendo certificaciones a los funcionarios que realizan las contrataciones como lo hacen en Chile, Paraguay o Panamá. Se recomienda también establecer requisitos de contrataciones públicas ligados a compras verdes, compras a MIPEyMEs, compras de bienes y servicios innovadores, compras a empresas pertenecientes a mujeres y a empresas con prácticas de responsabilidad social.

En cuanto a la gestión medioambiental se refiere, el estudio señala que en México no se cuenta con una visión estratégica de largo plazo que contemple planes de acción en materia de sostenibilidad. Dentro de los desafíos que se plantean para la región se encuentran “establecer criterios ambientales para seleccionar proyectos de infraestructura; llevar a cabo, operar, mantener, modernizar y retirar activos de la infraestructura de manera que se reduzcan las emisiones de carbono y la huella ambiental”.