El Índice de Estado de Derecho del ‘World Justice Project’ es reconocido a nivel mundial como una eficiente herramienta para identificar las fortalezas y debilidades institucionales de cada país y al interior de los mismos, contribuyendo de esta forma la toma de decisiones basada en evidencia en temas de experiencia y percepciones de la ciudadanía en cuanto a corrupción, contacto con las autoridades, seguridad, victimización, derechos fundamentales y acceso a la justicia.

La sexta edición del Índice de Estado de Derecho corresponde al periodo 2023-2024 y fue publicada el pasado 12 de junio; en ella se refleja la situación que guarda el Estado de Derecho en las 32 entidades del país. El índice se construye a partir de ocho factores que contienen 42 indicadores que utilizan más de 600 variables. En México, 30 entidades del país utilizan el Índice en sus Planes Estatales de Desarrollo, Programas de Gobierno y otros instrumentos de planeación de la administración pública.

En la edición 2023-2024, Guanajuato ocupó la segunda posición entre las 32 entidades del país, después de Querétaro, con un índice que resulta 15 por ciento por arriba de la media nacional avanzando una posición con respecto al año anterior, al desplazar a Yucatán. Los factores en los que Guanajuato logró el mejor desempeño son: ‘gobierno abierto’ y ‘justicia civil’, ocupando en ambos el primer lugar a nivel nacional.

El factor ‘gobierno abierto’ mide la eficiencia de un gobierno para compartir información, empoderar a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Del 2018 al 2024, Guanajuato ha avanzado un 17 por ciento en este factor y muestra un desempeño 38 por ciento mayor a la media nacional. El factor ‘justicia civil’ mide si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias manifestando su confianza en el sistema de justicia civil. Del 2018 al 2024, Guanajuato avanzó un 18 por ciento en este factor y muestra un desempeño 27 por ciento mayor a la media nacional.

En los factores ‘ausencia de corrupción’ y ‘cumplimiento regulatorio’, Guanajuato ocupa la segunda posición. El factor ‘ausencia de corrupción’ define el propio concepto de corrupción como el uso del poder público para obtener un beneficio privado en los poderes del estado y las instituciones de procuración de justicia y de seguridad. Del 2018 al 2024, Guanajuato ha avanzado un 5 por ciento en este factor y muestra un desempeño 22 por ciento mayor a la media nacional.

Los factores en los que Guanajuato muestra el más bajo desempeño son: ‘orden y seguridad’ y ‘justicia penal’. El factor ‘orden y seguridad’ mide si la entidad es efectiva en garantizar la seguridad de las personas y la de su patrimonio; en la construcción del índice se afirma que este factor es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el Estado de Derecho busca proteger. En este factor, Guanajuato ocupa la posición 18, ubicándose 15 por ciento por debajo de la media nacional, aunque muestra un avance del 43 por ciento con respecto al índice del 2018.

El factor ‘justicia penal’, por su parte, evalúa la efectividad y calidad del sistema para lograr la reparación de daños, garantizando los derechos de las víctimas y de las personas acusadas. En este factor, Guanajuato ocupa la sexta posición, ubicándose 17 por ciento por arriba de la media nacional, aunque solo muestra un marginal avance del 2 por ciento con respecto al índice del 2018.

La información detallada de la medición de 600 variables que construyen el índice, está a disposición de las autoridades estatales y municipales, incluyendo por supuesto a los institutos de planeación. Es un instrumento objetivo que está disponible para enriquecer los diversos instrumentos con los que ambos niveles de gobierno deben de desarrollar. Ojalá que las nuevas autoridades lo estudien y lo utilicen para aumentar las garantías de las personas a acceder a un Estado de Derecho fuerte que rija la convivencia social de forma ordenada y justa.

En Guanajuato, los poderes en los que se perciben los menores niveles de corrupción son el poder ejecutivo y el poder judicial. Le siguen, en orden de percepción de mayor corrupción, las instituciones de seguridad y procuración de justicia. Finalmente, y de manera muy clara, las y los guanajuatenses perciben los mayores niveles de corrupción en el poder legislativo. ¿Le quitará esto el sueño a nuestras diputadas y diputados?