Es un deber ciudadano estar a la altura de las circunstancias de una reforma anunciada por el pueblo y para el pueblo.
El texto previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente establece que “…Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…” lo que significa que con las reformas hasta ahora realizadas tanto en el ámbito federal como en lo local, los juzgadores e impartidores de justicia deberán atenerse al tiempo perentorio para resolver controversias (asuntos), en un plazo no mayor a seis meses. Para los escépticos -que nunca faltan-, ese término para resolver, se trata de un presupuesto legal previsto con anterioridad en el marco constitucional; aunque realmente inaplicable, no se observaba en la actuación del juzgador “de manera pronta”, según lo estipula la constitución.
Lo que establece, ahora, el marco normativo es que: “En caso de cumplirse con el plazo señalado y que no se haya dictado sentencia, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá dar aviso inmediato al Tribunal de Disciplina Judicial”; en ese orden de ideas, significa que dicho tribunal entrara en funciones a partir del día quince de septiembre de 2025. La decisión del legislador de elevar a rango constitucional un deber en la administración de justicia que antaño no se cumplía, es relevante para el pueblo de México; a partir de la reforma se estará atendiendo mediante la institucionalización, funcionamiento e intervención de dicha instancia con competencia y facultades disciplinarias.
Con el nuevo marco normativos (reformas judiciales), se desconcentran funciones administrativas y disciplinarias del orden superior en los poderes judiciales federal y estatales; se crean órganos específicos con facultades para realizar con autonomía técnica e independencia orgánica ambas funciones (administrativa y disciplinar). El propósito, registra un interés genuino respecto a la organización y funcionamiento interno del poder público con formas de organización acordes con las demandas de nuestra nación.
El planteamiento de reorganización consiste en que instancias del funcionamiento del propio poder, se desconcentren las funciones administrativas y disciplinares. El interés es garantizar mejores prácticas en la función jurisdiccional. La idea original de la función jurisdiccional debe corresponder al poder judicial, justifica que instancias superiores del poder judicial (la presidencia y pleno), desarrolle única y exclusivamente la función jurisdiccional, la cual se deposita en ministros, ministras o magistradas, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Superiores de Justicia de los estados, respectivamente.
Un aspecto relevante y de gran oportunidad para juristas es la apertura de participar abiertamente al acceso para impartir justicia que surge a partir de la necesaria, imperiosa e inaplazable renovación escalonada del poder judicial federal y estatales (juzgadores); el nuevo sistema que involucra en las decisiones para decidir sobre nuestros juzgadores se deposita en la voluntad, para su designación del pueblo en la designación de juzgadores es mediante una participación democrática de interesados que serán electos con votos sufragados por ciudadanas y ciudadanos.
Innegablemente el plan de transformación a nuestras instituciones, fue demandado por millones de mexicanos en la renovación de los poderes públicos de la unión, no debemos olvidar que esa decisión del pueblo se determinó apenas unos meses atrás (junio de 2024). El resultado del ejercicio reformador es irreversible y suficientemente legitimado. La reingeniería para una adecuada reorganización al poder judicial es una realidad, la materialización de la reforma judicial aprobada está en curso.
Ciertamente, las reacciones -esperadas- como en cualquier cambio transformador intentado, se presenta al orden del día; los opositores, no solo de formación ideológica distinta, sino aquellos que durante años se han (mal) formado y gozado de privilegios dentro del poder judicial, se resisten a un cambio demandado por la soberanía nacional depositada en el congreso de la unión. En la SCJN la resistencia devino de quien pareciera vela por los intereses del poder económico y los personales o de grupo, lamentablemente se han opuesto a la voluntad del pueblo, su reacción se materializa obstaculizando sistemáticamente lo que ya se decidió en el sufragio, mecanismo más democrático de nuestro tiempo.
A pesar de la inédita legitimación para transformar y/o reformar nuestras instituciones expresada en las urnas; en un primer momento se presentaron con la renovación del poder público en las elecciones del año 2018; posteriormente, la última decisión del pueblo (la elección del 2024), que legitima al movimiento más grande la historia reciente. Cada vez es menor el impacto de una oposición rapaz, su actuación irracional y arcaica pierde cada vez fuerza, a ese paso el pueblo terminará por deslegitimarla como una opción política con peso y contrapeso.
No es excesivo decir que, los acérrimos reaccionarios a la reforma judicial, probablemente se encuentren en el propio órgano; tampoco debiera sorprender que quienes apuestan al fracaso de una transformación, sean quienes están próximos a concluir el periodo o bien por el nuevo esquema del sistema de administración de justicia han preferido retirarse del poder judicial.
