MODELO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Tanto el presidente electo de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, como el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, dieron visos de cómo llevarán la administración pública en sus períodos de gobierno.

Y es que el tema más importante de las autoridades electas, más que los sistemas políticos y el comportamiento partidista que habrá, es la aplicación de los modelos para el mejor desarrollo de la eficiencia del recurso público.

No es menor que en otras democracias, antes de las promesas, se generan las proyecciones presupuestales y se explican los modelos de aplicación de la administración pública que es lo que analizan los electores al momento de seleccionar a sus servidores públicos.

Ya con Miguel Márquez, se regresó al modelo gerencial. Cuatro cabezas de eje con quienes el mandatario estatal tenía acuerdos, seguimientos y evaluaciones. Es lo técnico.

Pero esta ocasión, el tema político habrá de marcar agenda con una definición paralela si en esta administración se aplicará management, gestión, gerencia o policy y dar los resultados que la ciudadanía espera.

Con los antecedentes y la personalidad de Luis Ernesto Ayala Torres, se antoja el tránsito al management que, en términos sencillos es “la acción de hacer que las personas se unan para conseguir las metas que desean” según Joseph Rosanas.

En el fondo la aplicación de cualquier modelo que conlleve a la excelencia y a los resultados ya sea en la vida pública o privada, genera un aspecto de confianza entre los involucrados, ya sean gobernados, colaboradores, dirección o Estado.

El principio de legalidad es lo que genera la buena administración y se debe tener cuidado de no cambiarlo de manera arbitraria en su camino, por lo que tiene que establecerse de manera afianzada.

Para ello se establece una planeación que, por ley, debe estar descrita para su aplicación y financiamiento, de igual modo, de recursos públicos.

De tal suerte que, la administración pública se encuentra suscrita a una serie de condiciones que no necesariamente dictan técnicos en la materia sino que en ocasiones, se establecen por condicionamientos políticos o de otro tipo.

El Estado Mexicano establece un Plan Nacional para el Desarrollo que, a su vez, deberá estar validado por el Congreso de la Unión (el Poder Legislativo) y deberá ser resguardado por el Poder Judicial.

Estos son los primeros pasos de un gobierno que sin tomar aún protesta, ya comenzó. Hasta pronto.

(*) El autor es periodista que ha publicado en la prensa local, nacional y extranjera. Es analista político y editor en el portal Platino News, Noticias para la Nueva Generación

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