La Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATS-CC), responsable de los insumos de inteligencia para abatir a El Mencho, logró una articulación sin precedentes, lo que podría aumentar la brecha con las instituciones de nuestro país
En entrevista, Agustín Caso, quien auditó la cancelación del NAIM, advierte que el titular de la Auditoría Superior de la Federación debe ser el centinela de los recursos públicos
Un programador desarrolló una plataforma que cruza bases de datos públicas para identificar patrones financieros de riesgo en el ámbito político, los cuales pueden ayudar a fortalecer el periodismo de investigación y la fiscalización ciudadana
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“Sí quiero ser muy tajante en el tema de la libertad de expresión: El Gobierno de México está en contra de cualquier tipo de censura. Nosotros nos preciamos de seguir la línea sobre el tema de un gobierno por las libertades y por los derechos. Entonces, de ninguna manera el gobierno de la Cuarta Transformación está por una cuestión de la censura hacia los medios de comunicación, absolutamente estamos en contra de cualquier intento”, dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuando le preguntaron por la llamada Ley Censura de Armenta en Puebla.
Según dice el senador Saúl Monreal, no dejará el Movimiento Regeneración Nacional, pero tampoco está dispuesto a respetar la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de combatir el nepotismo en ese partido. El legislador sigue firme en su intención de contender en las próximas elecciones para sustituir a su hermano David Monreal en la gubernatura de Zacatecas. La estrategia, dicen los que saben, es dejar la 4T sin dejarla abiertamente; es decir, buscar competir por uno de los partidos aliados de Morena, ya sea el Partido del Trabajo o el Partido Verde, mismos que ya alistan algunas candidaturas individuales en un par de estados. ¿Luisa María Alcalde y Andy permitirán que eso suceda?
Dicen que en el estado de Baja California, que gobierna Marina del Pilar Ávila Olmeda, se han venido haciendo malabares para superar la quiebra financiera que dejó la administración de Jaime Bonilla, con la modificación de estrategias tributarias locales que impulsaron los niveles de recaudación. Los resultados que ha obtenido la Secretaría de Hacienda estatal, de Marco Antonio Moreno, colocaron ya a la entidad entre las cinco con mayor autonomía financiera con respecto a la Federación, al grado de aportar a su presupuesto de 86 mil millones de pesos hasta el 23 por ciento de recursos propios.
Que desde abril de este año, los negocios de servicios monetarios ubicados en zonas fronterizas específicas de California y Texas deben reportar al Departamento del Tesoro de Estados Unidos todas las transacciones en efectivo mayores a 200 dólares y menores o iguales a 10 mil dólares, conforme a una nueva orden geográfica (Geographic Targeting Order, GTO) emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). La medida, vigente hasta el 9 de septiembre, busca frenar operaciones de lavado de dinero y evasión, con énfasis en actividades vinculadas a cárteles de droga y redes ilícitas transfronterizas.
La orden aplica a negocios en condados como Imperial y San Diego (California), así como El Paso, Hidalgo y Webb (Texas), los cuales deberán identificar a sus clientes, conservar los registros por cinco años y reportar electrónicamente las operaciones usando el código “MSB0325GTO”. La directora de FinCEN, Andrea M. Gacki, firmó la medida, advirtiendo que el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales.
El Instituto Nacional de Migración fue condenado por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa a indemnizar con 602 mil pesos al migrante salvadoreño José de la Paz Fermán Cruz, tras acreditarse que estuvo retenido ilegalmente casi un año en la estación migratoria “Las Agujas” a pesar de contar con un acuerdo de salida desde enero de 2016. La autoridad no le notificó dicho acuerdo ni le entregó el documento provisional de visitante con permiso para trabajar, lo que impidió su liberación. El tribunal concluyó que esta omisión constituyó una actividad administrativa irregular, causó daño moral y vulneró sus derechos humanos, por lo que también ordenó atención psicológica y la publicación del fallo en el Diario Oficial de la Federación.