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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que México se convertirá en “el país más democrático del mundo”, al permitir por primera vez que la ciudadanía elija directamente a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), jueces y magistrados. Durante un evento público en Sonora, en el marco de la inauguración de la ampliación de la carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes, Sheinbaum defendió la reforma judicial impulsada por su gobierno y subrayó que, a diferencia de otros países, en México los tres poderes serán electos por voto popular.
Un total de tres mil 422 candidatos federales comenzaron este domingo sus campañas para la elección inédita del Poder Judicial en México, programada para el 1 de junio. El proceso contempla el voto directo de casi 100 millones de ciudadanos para elegir 881 cargos, entre ellos los nueve asientos de la Suprema Corte. Las actuales ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, propuestas en su momento por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldadas por la actual Presidenta, iniciaron su autopromoción en la Ciudad de México.
El Gobierno de México enfrenta un procedimiento de arbitraje internacional promovido por tres compañías de Texas —Finley Resources Inc., MWS Management Inc. y Prize Permanent Holdings, LLC— por la presunta violación de obligaciones del TLCAN y el T-MEC en relación con contratos de servicios petroleros suscritos con Petróleos Mexicanos (Pemex) y su filial PEP. El centro de la disputa es el Contrato 821, rescindido unilateralmente por Pemex en 2017, y la posterior ejecución de una fianza por 41.8 millones de dólares. Y resulta que en estos días esperan noticias los equipos legales de Víctor Rodríguez Padilla y Marcelo Ebrard.
El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —un organismo del Grupo del Banco Mundial creado en 1966— analiza si las demandantes realizaron inversiones cubiertas bajo los tratados, si sus reclamaciones fueron presentadas dentro del plazo permitido y si las decisiones de México constituyeron trato injusto o inequitativo. El proceso incluye alegatos sobre abuso de poder, procedimientos administrativos cuestionables y litigios previos en tribunales mexicanos. Este es otro de los casos que deja mal parado al país en medio de una guerra comercial declarada por Donald Trump.
Un documento que circuló el fin de semana en el Congreso de Estados Unidos recuerda que el 2 de noviembre de 2022 entró en vigor el acuerdo de cooperación nuclear civil entre México y Estados Unidos, bajo el marco del artículo 123 de la Ley de Energía Atómica. Este tratado bilateral, con vigencia de 30 años, establece las condiciones para transferencias de materiales, reactores y tecnología nuclear con fines pacíficos.
El acuerdo permite exportaciones controladas por la Comisión Reguladora Nuclear de EU, siempre que no haya desvíos con fines militares y se cuente con consentimiento estadounidense previo para enriquecer, reprocesar o retransmitir materiales. México, como estado no poseedor de armas nucleares bajo el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, debe mantener seguridad física y jurídica sobre cualquier material transferido.
Si alguien ha visto a la titular de la Orquesta Filarmónica de la CDMX, Dalí Estrada, habrá que avisarle que en las oficinas que recién heredó la andan buscando para atender varios pendientes administrativos y retrasos en pagos por la prestación de diversos servicios. Nos cuentan que cada vez es más difícil encontrar a la mencionada funcionaria en su centro de trabajo; eso sí, cada vez más se deja ver en eventos con la secretaria de Cultura capitalina, Ana Francis. ¿Será que Estrada Sour anda ya con el ojo puesto en un encargo en el gobierno central?
Mucho se ha hablado ya, aunque no queda del todo claro, sobre el nuevo esquema de transparencia en el país; pero pocos son los detalles de lo que ocurrirá para garantizar la protección de datos personales. El ya extinto Instituto Nacional de Transparencia era también responsable de defender el derecho de los ciudadanos a la privacidad, así como de sancionar a los terceros que hicieran mal uso de la información. La pregunta ahora es qué área del gobierno federal tomará esas funciones, pues el personal experto en temas como derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) no parece abundar.
