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A pesar de las críticas de Estados Unidos por la relación de México con Cuba, la autollamada cuarta transformación aseguró que mantendrá los acuerdos con el país que gobierna Miguel Díaz Canel. El gobierno mexicano ha dado apoyos al régimen cubano que superan los 400 millones de dólares; a cambio ha recibido una brigada de cientos de médicos que, según la administración de Donald Trump, se considera un ejemplo de trabajo forzado.
Ya terminó el periodo legislativo en el Congreso y no se votó el nombramiento del exfiscal Alejandro Gertz como embajador. Los que saben aseguran que esa distinción podría no concretarse, sobre todo porque en Palacio Nacional tienen ya el reporte del desorden que había en los casos de la Fiscalía General de la República que ahora encabeza Ernestina Godoy, por cierto, dicen que se alistan sorpresas en varios asuntos como en el caso de Raúl Rocha Cantú.
La Fiscalía General de la República tardó cerca de un año en conseguir una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú —empresario y dueño de Miss Universo— por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, tras una denuncia anónima recibida el 29 de noviembre de 2024 que detonó la investigación: en ese periodo, según el documento judicial citado por El Sol de México, la FGR lo ubicó como presunto financiador y directivo de una red dedicada al tráfico de huachicol, con combustible ilícito procedente de Guatemala y Estados Unidos, presuntamente comercializado a través de sus propias gasolineras y almacenado en un predio en Querétaro.
Morena anunció que prepara una acción de inconstitucionalidad contra la llamada “Ley Esposa” aprobada en el Congreso de San Luis Potosí, que obliga a partidos, coaliciones y candidaturas independientes a registrar solo mujeres para la gubernatura en 2027, al considerar que la norma restringe la libertad del electorado. La dirigente nacional Luisa María Alcalde sostuvo que su partido no avala que ese criterio se imponga por ley y reiteró que, pese a que la reforma antinepotismo se aplicaría hasta 2030, Morena no llevará familiares en ninguna boleta en 2027.
El próximo 1 de enero, más de veinte magistrados asumirán funciones en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De todos, nos cuentan, llama la atención el cambio del chiapaneco Pedro Rodríguez Chandoqui, quien no duró ni un año al frente de la Tercera Ponencia de la sala auxiliar en materia de Responsabilidades Administrativas Graves con sede en la Ciudad de México.
En su lugar llega Jesús Omar Sánchez Sánchez, proveniente de la fiscalía de justicia capitalina y cercano a Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR. Su arribo pasaría desapercibido de no ser porque en esa área es donde se tratan los asuntos considerados “clave” para emitir resoluciones a favor o en contra de ex servidores públicos que por sus manos pasaron recursos públicos cuyos expedientes, la Auditoría Superior de la Federación, dio un manejo más político que fiscalizador.
En cuanto a deuda pública se refiere, el Movimiento Regeneración Nacional no mide con la misma tijera, porque en los estados gobernados por sus correligionarios permite endeudarse a veces a manos llenas, mientras que en las entidades en manos de la oposición siempre pone trabas para adquirir financiamientos, aunque estos estén enfocados a generar desarrollo o incluso sean proyectos impulsados por el gobierno federal y la propia presidenta Claudia Sheinbaum.
Por ejemplo, en Guanajuato la bancada morenista está atorando desde hace unos días la contratación de un crédito financiero que permitiría al gobierno panista de Libia Denise Muñoz García construir un acueducto para mejorar el servicio de agua en el estado; esto a pesar de que una de las principales impulsoras de la obra es la presidencia de la República. La mencionada infraestructura prácticamente ha pasado a ser una promesa de Sheinbaum Pardo para el pueblo guanajuatense.
Aún así, la bancada de Morena parece querer boicotear la obra, sin argumentos técnicos que los respalden, sólo por grilla política. Se sabe que hay funcionarios de la Secretaría del Bienestar operando en contra de la nueva infraestructura y que regidores también de Regeneración Nacional están alineados al bloqueo. Es el partido oficialista saboteando un proyecto del propio gobierno federal.
