A través de un pronunciamiento, la Comisión dice que “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”
Para constituir una organización como partido político, esta deberá contar con al menos 256 mil 30 personas afiliadas, que representa el 0.26% del padrón electoral en México
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Este fin de semana la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, lanzó un mensaje de advertencia frente a toda la bancada de diputados de Morena reunida en su plenaria en San Lázaro, donde subrayó que “la austeridad no es un eslogan, es un principio rector”. En presencia de figuras clave como el coordinador Ricardo Monreal, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (quien incluso asistió junto a su esposa, la diputada Diana Karina Barreras), y el operador político Pedro Haces —todos señalados por ostentosos lujos o viajes—, Rodríguez hizo un llamado urgente a honrar el respaldo ciudadano con coherencia y humildad.
Por lo pronto, al senador Gerardo Fernández Noroña, parece que las críticas lo tienen sin cuidado, pues este fin de semana se le vio en Tepoztlán, donde tiene su casa de más de 12 millones de pesos, en compañía de su colaborador Emiliano González, famoso por interponerse entre la riña que protagonizó su jefe con el priista Alejandro Moreno. Tan tranquilo está el legislador que hasta se fue a cenar al conocido restaurante El retoño del Mango, ubicado en aquel municipio morelense; a ver si la pizza y las pastas no le caen muy pesadas cuando le comiencen a llegar las notificaciones sobre las averiguaciones que, aseguran, las propias dependencias cuatroteistas tienen sobre sus finanzas.
Hay mucha presión sobre la nueva titular de la Unidad de Administración y Finanzas del IMSS Bienestar, Leslie García Romero, pues desde el exterior del organismo que lleva Alejandro Svarch le están “recomendando” contratar a las firmas Productos Serel y Café Bersa para otorgar el servicio de Hospedaje, Alimentación y Transporte Terrestre para los médicos cubanos que todavía laboran en territorio mexicano. El riesgo para la funcionaria, de seguir estos consejos, es que de manera inmediata levantaría sospechas de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Raquel Buenrostro, donde ambas compañías ya tienen un importante historial.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción presentó su Programa Institucional 2025-2030, aprobado por la Secretaría de Hacienda, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones y cerrar los resquicios que permiten la impunidad. El documento plantea tres ejes centrales: aprovechar la Plataforma Digital Nacional como motor de inteligencia anticorrupción; consolidar una agenda nacional articulada que unifique la prevención, detección y sanción de faltas administrativas; y establecer un modelo de gestión institucional con perspectiva de derechos humanos y equidad de género.
El diagnóstico reconoce que la corrupción sigue siendo un problema estructural que erosiona la confianza ciudadana y debilita al Estado. Para enfrentarla, la SESNA apuesta por algoritmos, cruces masivos de datos y herramientas digitales para detectar enriquecimiento oculto, conflictos de interés y contrataciones indebidas. La visión a 2030 es homologar criterios, interconectar a los más de seis mil 600 entes públicos del país y aprovechar los 9.7 millones de registros ya integrados para construir un verdadero sistema de alerta y prevención de riesgos de corrupción.
Resulta particularmente llamativo el anuncio del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al promover un proceso de revocación de mandato para que los ciudadanos decidan si lo ratifican o no en el cargo. A punto de cumplir tres años al frente del Gobierno estatal, el mandatario morenista lanza un mensaje con doble filo: por un lado, se coloca como ejemplo nacional al seguir la ruta trazada por su amigo y compañero de lucha de más de tres décadas, Andrés Manuel López Obrador; por el otro, se somete a un ejercicio de legitimidad que puede consolidar o erosionar su liderazgo en una de las entidades más politizadas del país.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el próximo 3 de septiembre recibirá en Palacio Nacional al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien cerrará el nuevo entendimiento bilateral en materia de seguridad. El acuerdo —similar al Entendimiento Bicentenario, pero bajo un marco distinto— contempla investigaciones conjuntas sobre el tráfico de precursores de fentanilo, campañas de prevención del consumo de drogas y acciones para frenar el flujo de armas desde territorio estadounidense. Sheinbaum subrayó que toda la cooperación se desarrolla bajo el principio de respeto a la soberanía y responsabilidad compartida, descartando cualquier intervención militar extranjera. “Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no”, comentó la mandataria.
La reforma a la Ley Aduanera anunciada por el Ejecutivo no es un mero ajuste técnico: busca redefinir la relación entre el Estado y el comercio exterior. Se trata de un golpe directo contra la evasión fiscal que carcome la recaudación nacional, justo en un momento en que cada peso resulta indispensable para financiar programas sociales y proyectos de infraestructura. No es un cambio menor, es una disputa por el control de las fronteras económicas del país.
En medio de este debate, los agentes aduanales reclaman que se reconozca su papel como engranaje esencial del sistema. Una aduana eficiente no se puede construir marginando o criminalizando a quienes, día a día, aseguran que el flujo de mercancías se ajuste a la ley. La CAAAREM, presidida por José Ignacio Zaragoza Ambrosi, insiste en que la modernización sólo será viable si viene acompañada de un respeto institucional a su labor. La reforma tendrá éxito únicamente si logra combinar simplificación, digitalización y, sobre todo, una visión de la aduana como motor de competitividad y no sólo como garrote fiscal.
Estados Unidos eliminó la regla que permitía recibir compras del extranjero de hasta 800 dólares sin pagar impuestos. Desde el 29 de agosto, todos los paquetes deben cubrir aranceles y trámites aduaneros, con excepción de los que lleguen por correo postal, que tendrán cuotas fijas de hasta 200 dólares por envío. La Casa Blanca argumenta que la medida busca frenar el tráfico de drogas y reducir el déficit comercial, aunque en la práctica encarecerá las compras en línea y los envíos pequeños desde México y otros países.