El que será el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el frente opositor, Santiago Taboada Cortina, aprovechó su gira por Estados Unidos esta semana para acudir ante la Organización de Estados Americanos a denunciar persecución política y espionaje en su contra. Según dicen, aquello responde a que en la Fiscalía capitalina, de Ulises Lara, se prepara una andanada judicial contra el también exalcalde de la Benito Juárez. Con ello, buscarían impedirle competir en el proceso electoral en el que deberá enfrentar a la exalcaldesa morenista de Iztapalapa, Clara Brugada.

Fuentes cercanas al núcleo estratégico del PAN, PRI y PRD confirman que la decisión de respaldar la reelección de Tabe fue unánime, impulsada no solo por convertir a Miguel Hidalgo en un bastión de seguridad, posicionándola como la tercera alcaldía más segura de la capital, sino también por su destacada valoración como uno de los alcaldes más competentes, respaldado por una serie de encuestas de opinión. La alianza no está jugando a la defensiva; está atacando con su mejor carta, marcando el terreno ante Morena con una claridad y determinación inquebrantables.

Que en el último día para los registros, Renán Barrera asistirá hoy al Instituto Electoral de Yucatán para inscribirse como candidato oficial del frente PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza al gobierno de ese estado. Nos adelantan que el también exalcalde de Mérida no sólo llegará al IEPC acompañado de la militancia de los partidos que lo postulan, sino de miles de morenistas que en las últimas semanas han dejado el obradorismo por diferencias con el que será su candidato, Joaquín “Huacho” Díaz Mena.

Ayer se informó que Benjamín Saúl Huerta, exdiputado federal por Morena, fue condenado a una sentencia de 22 años de prisión por el delito de violación contra un menor. Este fallo, emitido por el Tribunal de Enjuiciamiento, no sólo subraya la gravedad de sus acciones, sino que también resalta el coraje de las víctimas y sus familias en su búsqueda incansable de justicia. La captura de Huerta en abril de 2021, seguida por su desafuero y detención, fue solo el comienzo de un largo proceso legal que ha destapado realidad de un individuo que se aprovechó de su posición de poder para perpetrar actos indescriptibles contra jóvenes vulnerables.

Esta decisión resalta una preocupante tendencia a instrumentalizar la violencia política de género como un escudo contra la crítica legítima, especialmente cuando se dirige a figuras públicas inmersas en controversias de interés nacional. La acusación inicial contra Dresser, basada en sus comentarios sobre la diputada morenista Andrea Chávez y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, sugiere una alarmante disposición a sofocar el debate público bajo el manto de protección de género.

La claridad con la que los magistrados, incluidos Mónica Soto y Felipe de la Mata Pizaña, han defendido el derecho a señalar posibles conflictos de interés y abusos de poder refleja una lúcida comprensión de la esencia de una democracia saludable: la capacidad de cuestionar y criticar sin temor a represalias legalizadas. Este caso subraya la necesidad de salvaguardar los espacios de discurso público de intentos oportunistas de silenciar voces críticas, asegurando que las luchas legítimas por la equidad de género no sean malversadas para fines políticos partidistas.