En términos llanos, el monto previsto por la administración López Obrador alcanzará apenas para levantar escombros, asistir a la población y sentar las bases para relanzar la economía local.
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El huracán Otis y sus devastadoras secuelas revelaron, además de la incapacidad del gobierno para reaccionar de forma efectiva ante casos de emergencia, la visión cortoplacista de esta administración. De las muchas conclusiones surgidas de la tragedia, quizá la más evidente es que el gobierno del presidente López Obrador no está preparado para enfrentar este tipo de fenómenos naturales y que a más de dos semanas de estos hechos se carece de un plan estructural para la necesaria refundación del puerto.
No se requiere ser experto para corroborar que, prácticamente, ninguna construcción se libró del efecto destructor del huracán categoría 5, uno de los más violentos de entre los que se tenga registro en las últimas décadas. Acapulco perdió la casi totalidad de su infraestructura hotelera, comercial, urbana y habitacional, provocando uno de las grietas más profundas para la economía del estado, que se ubica en el segundo lugar nacional en materia de pobreza y con uno de los índices de informalidad más altos del país.
En Acapulco, reflejo de lo que sucede en el estado, las perspectivas previas al huracán eran sumamente desalentadoras. Enlistar cada una de sus problemáticas sería una labor ímproba, pero a nadie escapa que Guerrero es uno de los estados más inseguros del país, en el que al menos 20 organizaciones criminales operan con toda impunidad y, en muchas ocasiones, con la complicidad de las autoridades.
El famoso puerto, que tuvo sus años de esplendor desde sus inicios como destino turístico en la década de los años 40 hasta principios de este siglo, había entrado en un grave proceso de deterioro, con un crecimiento irregular y sin control alguno en el otorgamiento de permisos de construcción y apertura de comercios. Como sucede en el interior del estado, la ciudad está en manos de las bandas criminales que hoy se frotan las manos ante la inacción de los cuerpos de seguridad y la nula capacidad de gestión de quien gobierna el municipio.
Relanzar a Acapulco requerirá mucho más de los magros recursos hasta hoy anunciados por el gobierno federal. La suma de 61 mil millones de pesos que se tienen previstos para arrancar la reconstrucción del puerto se aleja mucho de los cálculos de hasta 270 mil millones de pesos en materia de pérdidas elaborados por modeladores de desastres.
No obstante, Acapulco y los municipios afectados necesitan de un plan a largo plazo que implique la reconstrucción de toda la infraestructura turística y el replanteamiento de la ciudad desde su dimensión social. Se trata de un proyecto en el que tendrían que ir de la mano gobierno federal e iniciativa privada en un programa que podría tomar al menos una década, es decir las próximas dos presidencias de la República.
Para levantar debidamente a Acapulco se ocupará un ingrediente que en el presente gobierno ha desaparecido por completo, que es la visión de Estado. Ver más allá del próximo proceso electoral, dejar a un lado la confrontación y sumar a todas las fuerzas políticas en este este esfuerzo será imprescindible para lograr la refundación del puerto.
