Para tal objetivo, no basta con querer cobrar más, debe corresponder a la realidad, a la estructura institucional de cobro existente y a que haya una fuente de ingresos que genere riqueza para de ahí cobrar las contribuciones pretendidas.
En la Cámara de Diputados ya se aprobó la Ley de Ingresos y la Ley Federal de Derechos para 2025, aún falta su aprobación en el Senado, en palabras sencillas, se aprobó de dónde saldrán los recursos que se van a gastar en 2025, de parte de los tres poderes de la unión y lo que queda de organismos autónomos.
En cuanto al sector telecomunicaciones en la Ley de Ingresos se prevé que el aún Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recaude 17,717 millones de pesos (mdp), un aumento del 7.5% respecto de 2024 que fueron 16,497 mdp, cuyo crecimiento implica 1,220 mdp adicionales que habrán de recaudarse y pagar los actores del sector.
Si no hay inversiones y el crecimiento del sector se desacelera por el clima de inestabilidad económica e inseguridad jurídica ante los cambios en la Constitución y la emisión de una “nueva” o reformas a la ley que regula el sector telecomunicaciones, indefectiblemente no habrá riqueza a la cual gravar.
Por otra parte, cómo se pretende que el IFT aumente su recaudación, en poco más de 1,220 mdp, cuando se va a extinguir y habrá una nueva autoridad, donde existirá un periodo de adaptación e implementación de un “nuevo” modelo -aunque pareciera que será tipo ochentero- que conoceremos hasta que se emita la renovada legislación.
Aunado a que no hay licitaciones próximas donde se pudiese justificarse la existencia de nuevas concesiones que paguen nuevos derechos, y no debe dejarse de considerar que en la Ley Federal de Derechos se mantienen los montos desde 2022 bajo la justificación de promover la inclusión digital, ya que si aumentan los derechos aumentan los costos a los operadores y por consecuencia, las tarifas a los usuarios.
Previamente, el IFT pedía que se redujese la carga fiscal para promover la conectividad, pero la decisión la tomaba la autoridad hacendaria, hoy, estamos ante la antesala de nuevos conflictos entre autoridades, por la pulverización de atribuciones; lo único que queda claro es el ánimo recaudatorio para cumplir con la entrega de apoyos sociales, obras insignia y subsidios a empresas de gobierno.
Ante este marco complejo, una buena noticia, es que en la aprobación de la Ley Federal de Derechos quedo de lado reducir los derechos a los monopolios públicos que usan espectro radioeléctrico, algunos preveían que hubiera una reducción para que mejorasen su posición financiera.
Al final del día, el futuro inmediato en el sector telecomunicaciones, es incierto, entre un entuerto de qué autoridad regulará lo que hoy hacía una y la adecuación de la ley de la materia, en un entorno legislativo de partido mayoritario que va por todo el control de una industria para su gobierno.
