Para acelerar y mantener el paso de la economía, conservando la estabilidad macroeconómica, es preciso definir una auténtica estrategia de desarrollo e industrialización, con rumbo, objetivos e instrumentos precisos y eficaces. Sin ella, nuestra economía seguirá a flote, pero con paso lento y crecientes rezagos.

El diagnóstico no admite dudas. Frente al lento crecimiento económico mostrado por la economía y la actividad industrial en las últimas tres décadas y tomando en cuenta los cambios y tendencias que dominan el entorno internacional, México debe abrir una fase novedosa para su desarrollo, a partir de una clara y sólida política industrial que nos permita elevar la competitividad del sector fabril, innovar, conservar y ampliar las fuentes de empleo en el sector formal de la economía.

El desarrollo económico y social depende de nuestras capacidades productivas y la creación y distribución de riqueza está indisolublemente vinculada a la operación de las empresas públicas y privadas. No puede haber desarrollo sin unidades productivas financieramente viables y competitivas para retener y generar más y mejores empleos formales. Para lograr un crecimiento dinámico y competitivo, debemos impulsar la inversión productiva.

¿Cómo lograrlo? No es una tarea sencilla ni de corto plazo, sobre todo en un momento marcado por una intensa competencia internacional y el resurgimiento del proteccionismo. Sin embargo, el mejor camino para conseguirlo es aquel que nos conduce al fortalecimiento de las capacidades productivas internas.

Cuarta, sector manufacturero. Transitar a la transformación y generación de valor agregado. Se agotó el beneficio de los bajos costos laborales y la ubicación geográfica. La cuarta revolución industrial, la robotización y la automatización han creado nuevos diferenciales productivos en las naciones asiáticas con las que México compite. Por ello, debemos promover la inversión privada en manufacturas, hasta alcanzar por lo menos de un 15% como proporción del PIB para el 2030.

Quinta, mejora regulatoria. Reducir, en seis años, el costo de la carga regulatoria del actual 3.5% a 2% del PIB e instrumentar una política económica que garantice “suelo parejo” a las empresas mexicanas respecto de los beneficios que contienen las importaciones y maquiladoras.