Las falsedades no sólo se oponen a la verdad, sino que a menudo se contradicen entre sí.
Voltaire
Después del hallazgo de cientos de fosas, de múltiples protestas y de dramáticas denuncias, por fin el gobierno dio a conocer sus cifras de desaparecidos. Pero surgen diversas preguntas del informe presentado por la Presidenta. Por ejemplo: ¿Qué evidencias tiene el Estado para respaldar sólo 132 mil 543 casos?, ¿por qué marginaron a las madres y padres que han dedicado su vida a la búsqueda de sus seres queridos?, ¿qué metodología se usó?
Cuando el régimen asegura que 46 mil 128 desaparecidos no tienen actividad reportada surge una pregunta básica: ¿Dónde está la obligación del Estado para investigar su paradero? Lo que ha sucedido es que han sido los familiares los únicos interesados en encontrarlos. Un factor esencial de esta crisis es el desprecio y la negligencia de la mayoría de los ministerios públicos para armar las carpetas y darles seguimiento a las denuncias. Y no se trata de funcionarios “malos”, en el fondo está una concepción de la justicia selectiva y clasista.
El informe de la inquilina del Palacio se preocupa más en ocultar la grave responsabilidad que ha tenido el gobierno de AMLO, y su propia administración, que ayudar a las familias. En el gobierno anterior desaparecieron 50 mil personas, una persona por hora, mientras que con Calderón 0.49 por hora y con Peña Nieto 0.64. En su momento el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas registró 114 mil 184 personas en esta situación y fue en el sexenio de López Obrador donde se acumuló el 44 por ciento del total.
El actual gobierno sigue los mismos pasos. Sólo en el primer año, hasta octubre pasado, han desaparecido 14 mil 765 personas en el país, 16 por ciento más que en el último año de su antecesor. Por lo anterior, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional Para la Protección de todos los Procesos Contra Desaparición Forzada.
La solidaridad con las víctimas por parte del gobierno morenista es demagógica, ya que en el presupuesto para 2026 le destina a la Comisión Nacional de Búsqueda la pírrica cantidad de mil 214 millones de pesos y 889 millones y 436 mil para subsidios a comisiones locales, identificación humana y acciones de búsqueda. Dichas cifras contrastan con los 236 mil 676 millones que se destinan a las fuerzas militares-policiacas ¿Cuál es la prioridad de los gobiernos de la 4T? La punición y el control clientelar. Los desaparecidos no importan y tampoco sus familiares.
