La salida de Citlalli Hernández de la secretaría de las Mujeres obliga a hacerse una pregunta: ¿qué importancia tiene en los hechos la agenda de igualdad para este gobierno?
Una secretaría de las Mujeres fuerte no se mide por el simbolismo de su creación, ni por cuantas leyes se aprueban, sino por su capacidad de conducir, coordinar y pesar políticamente cuando llegan las decisiones importantes a favor de las mujeres.
No se trata de desacreditarla ni de negar que su traslado a la operación electoral de Morena muestra que sigue siendo una persona de la confianza de la Presidenta. El mensaje no es solo sobre ella, sino sobre el lugar real que ocupa esa agenda en las prioridades del gobierno. El problema no es un relevo administrativo, es lo que revela.
La secretaría de las Mujeres fue creada tras la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal publicada en noviembre de 2024, con un mandato amplio: conducir la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niñas; igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género; prevención, atención y erradicación de las violencias; y sistema de cuidados. Es decir, no se concibió como una oficina simbólica, sino como una institución llamada a coordinar y empujar la agenda de igualdad.
Si esa Secretaría era realmente una prioridad, ¿por qué su primera titular puede salir antes de consolidarla para asumir tareas partidistas? La respuesta no debería buscarse en la trayectoria personal de Citlalli, sino en la fragilidad con la que nació la dependencia. Porque en estos meses la Secretaría no ha mostrado la fortaleza presupuestal, institucional ni política que exigiría una transformación de ese tamaño. Incluso en la discusión presupuestaria de 2026, el presupuesto no refleja la centralidad prometida: del Anexo 13, apenas poco más de 2 mil 141 millones de pesos se destinaron a la secretaría de las Mujeres, una cifra modesta frente a la magnitud de sus encargos.
Los pendientes, además, son enormes. La reforma constitucional de noviembre de 2024 incorporó en el artículo 4º el derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres y a una vida libre de violencias, y reforzó deberes estatales de protección. A ello se sumó que el 15 de enero de 2026 entró en vigor un decreto que reformó más de 20 leyes para incorporar la igualdad sustantiva y la perspectiva de género en distintos ámbitos de la acción pública, con el objetivo de erradicar la violencia de género, reducir la brecha salarial y fortalecer derechos de niñas y mujeres. En marzo de este año, además, la Presidenta anunció una iniciativa de ley general en materia de feminicidio.
La señal política se agrava porque, al momento de escribir esta columna, no se había anunciado públicamente a la nueva titular. Mientras la Secretaría queda sin conducción formalmente anunciada, en Morena ya se mueven grupos, expectativas y disputas por los espacios. Eso no solo exhibe apetitos políticos; exhibe también que una institución clave para la igualdad puede quedar atrapada en la lógica del reparto antes de haber terminado de consolidarse.
La secretaría de las Mujeres necesita un perfil con cercanía suficiente a la Presidenta para tener interlocución real y capacidad de incidir en el resto del gabinete, pero también con solidez técnica en materia de igualdad, conocimiento de la administración pública y convicción para construir institución. Necesita a alguien dispuesto a escuchar a las organizaciones de la sociedad civil, a tomar en serio la crisis de violencia contra las mujeres, a empujar de verdad el sistema de cuidados y a convertir las reformas en políticas públicas concretas.
