El andamiaje de un Estado vigilante y sin control, propio de regímenes autoritarios, está listo.
@velediaz424
Tres claves asoman como amenazas detrás del proyecto de echar a andar en 2026 la Plataforma Central de Inteligencia, cuya creación fue aprobada a principio de julio con las reformas que expidieron la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública. La primera es al interior del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que será responsable de operarla, y tiene que ver sobre el “blindaje” al perfil profesional de quienes estarán a cargo.
Desde el año 2006 con las modificaciones al CISEN a lo que hoy es CNI, hubo casos de agentes formados en lo que sería un servicio profesional de carrera, que tuvieron que dejar la institución por cambios políticos, “grillas” internas, y por intereses de otra índole. Algunos exagentes se volvieron consultores de “inteligencia” con sistemas de espionaje “clonados” a la institución, los usaban en “asesorías” de políticos con aspiraciones presidenciales, como ocurrió con el caso de Luis Miguel Dena Escalera preso y sentenciado en 2008 por espiar a políticos como Manlio Fabio Beltrones y Sergio Vela. La nueva legislación no menciona ningún sistema que incentive el servicio profesional y garantice continuidad ante vaivenes sexenales.
El segundo es sobre el blindaje frente a la corrupción, no hay en los 51 artículos de la nueva Ley uno solo que mencione sanciones o penalidades respecto a mal uso de la información. Solo se habla en dos párrafos de un régimen de confidencialidad (art. 51), que no especifica penalidades.
El tercero es el más grave y marcó la discusión en San Lázaro y en el Senado cuando se aprobó sin ningún cambio. La nueva ley viola el artículo 16 de la Constitución que protege el derecho a la libertad y seguridad personales. La legislación que daría vida a la Plataforma Central de Inteligencia pasó por alto que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones” sino es vía mandamiento por escrito de la autoridad judicial.
El artículo 28 de la “ley espía” como se le llamó, faculta al CNI para acceder “irrestricta y directamente o través de la Plataforma Única de Identidad”, a toda la información que Gobernación recopile de más de 130 millones de mexicanos. Esta información alimentará la Plataforma Central de Inteligencia que será la base de datos y registros que servirán para identificar y analizar los requerimientos sobre las personas de interés particular. Intervenir comunicaciones sin orden judicial, acceso a información privada, confidencial y sensible, usar bancos de información, bases de datos públicos y privados de todos los ciudadanos quedará sujeto a discreción del CNI.
Guillermo Valdés Castellano, ex director del CISEN, cuestionó en un artículo en la web de la revista Letras Libres, sobre quién controla a las agencias estatales que pueden espiar. Decía que en toda la iniciativa no hay un capítulo sobre la supervisión y evaluación interna ni externa del sistema de investigación e inteligencia. Mucho menos sobre a quién tienen que rendir cuentas quienes integran el sistema como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las 13 dependencias que integrarán el Consejo Nacional de Inteligencia en Seguridad Pública.
