Finalmente, un tema urgente es la atención a la violencia en contra de periodistas y ataques a los medios de comunicación, México debe cambiar el rumbo y garantizar las libertades de información, opinión y expresión.
En el sector telecomunicaciones y radiodifusión el gran reto para 2025 será la definición y consolidación de las nuevas autoridades en la materia, así como la emisión o adecuación de la legislación secundaria que de último momento se metió en la reforma de 2024 que extinguió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ambos aspectos serán esenciales para la seguridad y certeza jurídica.
Es necesario que haya claridad en quién habrá de ejercer las funciones regulatorias, de competencia económica para evitar prácticas monopólicas y de promoción del desarrollo y conectividad social; además de que no vaya a ver cambios inesperados o retroactivos a las reglas del juego y, sin duda, en la actualización de la ley deben participar los operadores y no privar una visión estatista.
En el caso del IFT veremos la última etapa de este regulador, acotado presupuestalmente con sólo un 30% del presupuesto que había solicitado para 2025, hay opiniones que refieren que no habrá ni para pagar salarios, se caerán proyectos (licitación 5G), tal parece que sólo alcanzará para pasar la estafeta a las nuevas autoridades.
En 2025 veremos si habrá responsabilidades para México por el incumplimiento al TMEC al dejar de tener una autoridad independiente del gobierno y sobre todo si las nuevas autoridades serán imparciales ante las empresas del Estado que prestan servicios como Altan Redes, CFE y en la materia satelital.
Es importante que en el año que inicia se mida el impacto a la inversión y los precios que pagan los usuarios finales ante los cambios regulatorios e institucionales. Si suben los precios, baja la inversión y aumenta el poder monopólico, entonces, la reforma de 2024 habrá sido una decepción.
En la definición del marco legal es importante que se impulsen la regulación de plataformas extranjeras de contenidos por internet, dado que existe un desequilibrio frente a operadores nacionales de contenidos audiovisuales, y seguramente veremos los inicios de una reglamentación de la Inteligencia Artificial que debiese ser independiente al sector con los debidos puntos de contacto, cuidando que no sea la excusa para imponer censura y controles.
En el ámbito institucional también veremos el inicio y funcionamiento de los nuevos Ministros de la SCJN así como Jueces y Tribunales Especializados en Telecomunicaciones que serán “elegidos” por el pueblo, debe medirse si la nueva garantía judicial funciona para resguardar derechos de los ciudadanos y limitar el poder de las autoridades.
En materia de comunicación social también hay un mandato para adecuar la actual ley, veremos si habrá controles al uso electoral bajo una supuesta “libertad de expresión de las autoridades” o si las mañaneras se hacen ley, aunque hay recientes precedentes judiciales que controlan estos aspectos. También veremos si continua el papel propagandístico que han realizado los medios públicos.
