El referendo constitucional celebrado en Túnez el pasado lunes 25 de julio, cuyo porcentaje de participación se confirmará por la autoridad electoral del país norafricano en los próximos días, constituye uno de los ejercicios de acción ciudadana más delicados desde la revolución que terminó con el régimen de Ben Ali hace una década. Su resultado final, a anunciarse junto con los índices de votación, no sólo servirá para dotar o no a los tunecinos de una nueva carta magna, sino también para medir la aprobación del presidente Kais Saied y la popularidad de las medidas que ha tomado desde asumir el cargo a finales de 2019, calificadas por sus críticos como autoritarias y demagógicas.

“Hoy enfrentamos una decisión histórica. Juntos, estamos fundando una nueva república basada en la libertad y la justicia auténticas, así como en la dignidad nacional”, declaró ante periodistas Saied tras emitir su voto a primera hora de la jornada electiva en una casilla cercana a su domicilio particular. Con este referendo constitucional, el presidente en turno, quien triunfó en los comicios presidenciales de hace tres años con un discurso de tinte populista, se juega su futuro político, el de su país y de la región.

Jurista, profesor universitario de leyes y dirigente, por más de dos décadas, de la Asociación Tunecina de Derecho Constitucional, una organización no gubernamental abocada al estudio y fortalecimiento de dicha rama del derecho, Kais Saied, se postuló como candidato independiente en las elecciones presidenciales de octubre de 2019 con una plataforma de lucha contra la corrupción, creación de empleo y fomento económico. Saied se presentó como una opción atípica, lejano de la denostada clase política de la nación árabe y con una visión fresca y campechana que conectó con más del 70% del electorado tunecino durante la segunda vuelta electoral.

El irrumpir de la pandemia por coronavirus, la fragmentación partidista del parlamento y la incapacidad de formar un gobierno estable obstaculizaron a los pocos meses del inicio de su gobierno las intenciones de reforma de Saied, sobre todo en materia económica y de justicia social. La suma de dichos factores aderezada por el rampante desempleo y los estragos económicos generados por la caída del turismo y de las remesas causaron una oleada de protestas en enero de 2021, coincidiendo con el décimo aniversario de la denominada revolución tunecina que derrocó al régimen de Zine El Abidine Ben Ali e inició la mal llamada Primavera Árabe. La brutalidad de la respuesta policial a dichas manifestaciones, acusan los críticos del presidente, fue un primer anuncio de su autoritarismo.

Seis meses después, en julio del año pasado, Saied destituyó a la totalidad de sus ministros, desmantelando al gobierno, y suspendió al parlamento tunecino, arropándose en la cláusula constitucional sobre estado de emergencia. En octubre, nombró a un nuevo gobierno, sin la requerida aprobación parlamentaria, y en febrero de este año, tras impedimentos legales interpuestos por el poder judicial del país, el presidente disolvió al Supremo Consejo Judicial, máximo órgano gubernamental en materia de justicia en Túnez. Acciones que llevaron a la condena unánime de la comunidad internacional, prendiendo las alarmas sobre la deriva autoritaria del mandatario magrebí. La convocatoria al referendo de esta semana, en la que se votan las enmiendas constitucionales que legalizarían la concentración de poder en manos del ejecutivo tunecino, es el último paso en la hoja de ruta del proyecto político de Saied.

Si el referendo constitucional tunecino da su voto de confianza a la propuesta de Saied, los avances alcanzados en la democratización de la nación norafricana desde la caída de Ben Ali a inicios de siglo verían un retroceso significativo al regresar a un modelo político que, por encima de la independencia de las ramas legislativa y judicial del gobierno, privilegia la toma de decisiones por parte del ejecutivo en detrimento de la transparencia, de la rendición de cuentas y del ejercicio distributivo del poder.

Una nueva carta magna que legalice las acciones emprendidas por Saied hasta el momento sentaría además un precedente negativo para el resto de los países del norte de África cuyos procesos políticos internos enfrentan momentos de fragilidad democrática. De Marruecos a Libia y de Egipto a Argelia, la inestabilidad económica, la creciente inflación, la amenaza del integrismo islámico y la constante migración a y desde Europa y el África Subsahariana, sumadas a una narrativa nacionalista y autoritaria que disminuye los espacios de libre expresión y el ejercicio de las libertades políticas, son factores a tomar en cuenta. De ahí que el futuro de Túnez pase también por el de sus vecinos y, grosso modo, por el del resto del Mediterráneo.