El pasado lunes 11 de noviembre Argentina fue el único de los 168 países presentes en la Asamblea General de la ONU en votar en contra de una resolución sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La resolución presentada en la ONU refleja los principios establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007, la cual establece que los pueblos originarios deben tener acceso a los derechos humanos sin discriminación y a la protección de sus territorios, tierras y ecosistemas. Además, subraya el derecho de los pueblos indígenas a participar plenamente en la vida política, económica, social y cultural de los países en los que habitan.

Con esta postura, el gobierno argentino, calificado por muchos como de ultraderecha, se ha posicionado abiertamente en contra de los derechos fundamentales de una minoría que históricamente ha sido marginada y vulnerada. Con esta decisión, el gobierno de la “libertad” excluye abiertamente a los pueblos indígenas que representan aproximadamente 1 millón de personas en Argentina, 5.5 millones en Bolivia (48% de su población total) y 27.5 millones en México (el país con mayor población indígena en el hemisferio).

La economía argentina ha mostrado signos de mejora desde la llegada de Javier Milei, especialmente en cuanto a la disminución de la inflación, aunque las estrategias implementadas han generado intensos debates. Sin embargo, el retroceso en materia de derechos humanos se ha vuelto cada vez más evidente (Amnistía Internacional, 2024). En este contexto, estas decisiones refuerzan la radicalización de Argentina en temas sociales, tanto a nivel nacional como internacional, exacerbando las tensiones en torno a las políticas sociales y los compromisos con los estándares internacionales de derechos humanos.

El desarrollo económico es fundamental para la construcción de paz, pero el respeto a los derechos humanos es también vital para crear sociedades más justas y pacíficas. El caso de Argentina es particularmente preocupante, ya que refleja una corriente de extremismo político que está ganando fuerza en diversas partes del mundo, principalmente en Europa y América. Esta tendencia amenaza los principios democráticos y los derechos humanos, pilares fundamentales para el bienestar global.

Es urgente que impulsemos puentes entre las naciones y dentro de ellas, promoviendo el respeto, la justicia y la dignidad de todos los pueblos. Solo de esta manera podremos construir comunidades nacionales e internacionales pacíficas y cohesionadas, en las que los derechos de todos, especialmente los de las minorías históricamente excluidas, sean plenamente reconocidos y protegidos.