Se implementará la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El contralor general de la Ciudad de México, Eduardo Rovelo Pico, recordó ayer que a partir de julio próximo, se implementará la Ley General de Responsabilidades Administrativas con un incremento en los plazos de prescripción de las facultades de las autoridades fiscalizadoras para faltas administrativas graves de hasta siete años.

Ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), informó de sus actividades al frente de la dependencia a su cargo correspondiente al 2016, advirtió que el principio de rendición de cuentas, no permite bajo ninguna circunstancia autocomplacencia, sino al contrario informar con toda objetividad para revitalizar los principios que sostienen al Estado democrático, social, garante y de derecho.

Sostuvo que la Contraloría General está lista para enfrentar los retos de participar activa y proactivamente en los sistemas anticorrupción y de fiscalización capitalinos como también en el Sistema Nacional Anticorrupción, previstas como una función del Estado que de no cumplirse sería factor de riesgo para la estabilidad democrática y la gobernabilidad de la capital del país.

Señaló que el Laboratorio de Revisión de Obra, recientemente puesto en marcha, tiene capacidad para realizar pruebas de acero, concreto, terracerías, mezclas y emulsiones asfálticas, con la aportación tecnológica de sistemas computacionales de última generación, realizó pruebas de materiales y estructuras en la ampliación de la Línea 12 del Metro, tramo Mixcoac-Observatorio, así como en los trabajos de la construcción y obras complementarias del tramo 3 para el viaducto elevado del tren interurbano Toluca-Valle de México, del Deprimido de Mixcoac y de la Línea 7 del Metrobús.

Reportó que la dependencia implementó el sistema de presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y de información fiscal conocida comúnmente como 3 de 3, con 36 mil declaraciones de situación patrimonial, 25 mil declaraciones de información fiscal y 28 mil declaraciones de intereses de los servidores públicos de la capital del país.

Rovelo Pico reconoció que los problemas que enfrenta la capital, requieren soluciones interinstitucionales, por lo que la Contraloría General, formalizó y ejecutó diversos convenios internacionales y nacionales para retomar mejores prácticas, experiencias exitosas y actividades relevantes para ser aplicadas en la gestión pública, institucionalizarlos y generar acciones preventivas y correctivas en contra de la corrupción.

Detalló que de las 16 auditorias, se generaron 92 observaciones económicas y administrativas por resuntas irregularidades y se impulsó la integración de 67 dictámenes técnicos que podrían finalizar en procedimientos administrativos disciplinarios en contra de servidores públicos que hayan incurrido en irregularidades.

Dijo que durante 2016, se realizaron 553 auditorías, 181 de ellas a las dependencias y órganos desconcentrados, 231 a las entidades paraestatales, 136 a demarcaciones territoriales y 6 en materia de cibernética y proyectos tecnológicos. De las mil 421 observaciones detectadas, 531 fueron de carácter económico y 890 administrativas, de las cuales 443 fueron solventadas y 489 no solventadas y se encuentran en proceso 462 y 27 en terceras instancias.