AMLO insiste en someter al Poder Judicial con su Ley de Austeridad Republicana

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Sin embargo, acota que no podrán parte de dicha remuneración los gastos sujetos a comprobación, de viaje en actividades oficiales, de servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia

Además, la iniciativa pide que se haga extensiva para las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y subraya que los entes públicos “ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando todo tipo de duplicidades funcionales u organizacionales, atendiendo a las necesidades de mejora y modernización de la gestión pública”.

Destaca que “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos ningún tipo de bien o servicio innecesarios, así como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorro especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros que no estén previstos por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Desde que Lópe Obrador creó la Ley de Austeridad República ha sufrido varios reveses de parte del Poder Judicial, entre ellos que la Corte le quitó el derecho de usar discrecionalmente los ahorros que generara con dicha ley, también se canceló el candado que impuso a los exfuncionarios públicos para que tuvieran que dejar pasar 10 años para poder trabajar en la Iniciativa Privada.

En 2021, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la aplicación del tope de salarios previsto en la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, lo cual ha sido motivo para que el presidente ataque esa y otras decisiones de los ministros que van en contra de sus políticas, como que la Guardia Nacional forme parte de las Fuerzas Armadas o la anulación a su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, entre otras.