ASF señala desfalcos por mil 900 mdp de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco
El órgano fiscalizador realizó auditorías forenses a los Servicios de Salud de ambos gobernadores y detectó posibles desvíos que, en conjunto, suman mil 900 millones de pesos
En total, las irregularidades ascienden a mil 195.7 millones de pesos, derivados de 11 contratos anómalos.
El desvío de recursos destinados a tareas de salud es una práctica que recuerda los peores años de la gestión del gobernador Javier Duarte
Los restantes 238.7 millones de pesos pendientes de solventar corresponden a los restantes ocho contratos revisados por la Auditoría.
En el caso de Morelos, la ASF analizó los contratos y convenios suscritos por los Servicios de Salud de Morelos, así como erogaciones financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud (FASSA) y de las participaciones federales.
En 2023, los Servicios de Salud de Morelos eran encabezados por el secretario Marco Antonio Cantú Cuevas, nombrado por el entonces gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo.
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Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García reunidos en abril de 2024. / Facebook Cuauhtémoc Blanco
Los gestiones de Cuitláhuac García, en Veracruz, y de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, están en la mira de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que investigaciones de tipo forense realizadas en 2023 detectaron presuntos desvíos que, en conjunto, suman más mil 900 millones de pesos.
Las irregularidades detectadas en el penúltimo año de gobierno de ambos mandatarios morenistas equivalen a la tercera parte de los seis mil 632.5 millones de pesos que quedaron pendientes de solventar tras 29 auditorías forenses realizadas en 2023 en toda la administración pública.
En el caso de Veracruz, el órgano fiscalizador realizó la auditoría de cumplimiento forense 2023-E-30007-23-2062-2024, relativa a contratos y convenios suscritos por los Servicios de Salud de Veracruz que fueron pagadas con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) —bolsa que se destina a brindar atención médica a personas que no cuentan con seguridad social— y de las participaciones federales.
La investigación arrojó faltantes por 481.2 millones de pesos por dos contratos otorgados por asignación directa para el suministro de pruebas de laboratorio clínico que debían ser distribuidas en las unidades médicas que dependen a los Servicios de Salud de Veracruz, de los cuales no hay evidencia de que se hayan entregado por el supuesto proveedor.
El desvío de recursos destinados a tareas de salud es una práctica que recuerda los peores años de la gestión del gobernador Javier Duarte (2010-2016), durante la cual se perpetraron desfalcos a costa incluso del gasto que debía destinar a medicamentos y vacunas para la población infantil.
Las pesquisas también llevaron a un par de contratos otorgados por adjudicación directa a una supuesta empresa de limpieza que nunca comprobó tener experiencia en la materia y que no entregó documentación ni evidencia sobre los trabajos realizados.
Los Servicios de Salud de Veracruz, en aquel entonces dirigidos por la secretaria Guadalupe Díaz del Castillo, pagaron 303.6 millones de pesos a un proveedor que decía tener más de tres mil trabajadores, pero los indicios apuntan a que se trata de una empresa fantasma.
Otra de las inconsistencias tiene que ver con el suministro de equipo para pruebas de bancos de sangre, centros de colecta y servicios de transfusión de las Unidades Médicas y Centro Estatal de Transfusión Sanguínea Pertenecientes a Servicios de Salud de Veracruz.
Las investigaciones determinaron que existen 172.2 millones de pesos por comprobar debido a inconsistencias en la información entregada, por diferencias en 56 equipos otorgados en comodato y por no acreditar de manera fehaciente la entrega de todos los entregables solicitados, además de que no se siguieron los principios de austeridad, economía, transparencia y honestidad.
Los restantes 238.7 millones de pesos pendientes de solventar corresponden a los ocho contratos revisados por la Auditoría.
En la auditoría de cumplimiento forense 2023-E-17004-23-1355-2024, el órgano fiscalizador detectó un monto por aclarar por 717.7 millones de pesos integrada por 418.1 millones por falta de evidencia de que se proporcionaron los bienes o se prestaron los servicios, 189.9 millones por equipos médicos que no están en operación y 109.5 millones por una obra que no cumplió con lo establecido en el convenio y que no está operando.
Las pesquisas a las gestiones de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco se producen en momentos en que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia, luego de que un juez girara una orden de aprehensión en su contra por el mal uso de los recursos federales.
Conforme la lupa de la ASF se acerca a la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano fiscalizador va teniendo más indicios sobre la posible colusión de funcionarios para el desvío de recursos públicos.
Pesquisas en Veracruz y Morelos:
Las investigaciones sobre las gestiones de Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco ocurren en un contexto donde el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se encuentra prófugo de la justicia tras una orden de aprehensión por mal uso de recursos federales.
Durante la primera mitad de la administración lopezobradorista, la ASF realizó entre siete y nueve auditorías forenses por año, cifra que se elevó a 24 en 2022 y llegó a 29 en 2023, el número más alto en la historia del organismo encargado de vigilar la correcta utilización del presupuesto federal.
Las auditorías forenses son las investigaciones más sofisticadas que realiza la ASF y su grado de especialización es tan elevado que sólo se ponen en marcha cuando el organismo tiene indicios de que se están realizando fraudes y actos de corrupción de manera orquestada.
En los 25 años de historia de la Auditoría Superior de la Federación, es la primera vez que las investigaciones forenses se dirigen a entes estatales o municipales. Antes de 2022, los organismos auditados eran dependencias federales, ya sea secretarías de Estado u organismos descentralizados.
Para el análisis de la Cuenta Pública 2022, por primera vez aparecieron los gobiernos de Baja California Sur y Durango, así como los municipios de Juárez (Chihuahua), Naucalpan y Tlalnepantla (Edomex), Sabinas y Torreón (Coahuila), así como Solidaridad (Quintana Roo).
En las auditorías forenses se involucran especialistas en contabilidad, criminología, informática, derecho y finanzas. Las pesquisas implican desde entrevistas presenciales, hasta análisis multidisciplinarios en los que participan hasta psicólogos e integrantes de las fuerzas de seguridad o policiales.
En la revisión de la Cuenta Pública 2023, fueron puestos bajo la lupa la Fiscalía General de Justicia de Morelos, los gobiernos de Baja California Sur, Sonora, Morelos y Veracruz, así como los municipios de Aguascalientes, Campeche, Huimanguillo (Tabasco), León (Guanajuato), San Luis Potosí, San Pedro Garza (NL), Tlaquepaque (Jalisco), Toluca, Xalapa, el Poder Judicial de Coahuila y el Poder Judicial de Nuevo León, la mayoría de ellos controlados por la oposición a Morena.
