Reforma sobre desapariciones mantiene el control del Estado y no garantiza justicia para las víctimas

A pesar de haber sido presentada el día de ayer por la Secretaría de Gobernación, como una reforma “fortalecida” por el diálogo con colectivos, la iniciativa de reformas a la Ley General en materia de Desaparición de Personas, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, mantiene elementos que preocupan profundamente a organizaciones de víctimas, quienes denuncian que el Estado sigue concentrando el control del sistema sin garantizar justicia, verdad ni participación efectiva.

El dictamen —resultado de las modificaciones a la iniciativa enviada por la Presidencia en marzo, tras el hallazgo de un presunto centro de exterminio del crimen organizado en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco— incorpora más de 30 cambios tras las mesas de diálogo con colectivos, pero preserva los desequilibrios estructurales de la versión original. Entre las principales críticas destacan:

Aunque se fortalece la creación de una Plataforma Única de Identidad, el acceso a bases de datos sensibles queda en manos de la Comisión Nacional de Búsqueda y fiscalías, sin garantizar supervisión externa ni control ciudadano, alertaron organizaciones como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

El dictamen mantiene una estructura institucional donde las familias no tienen voto en decisiones clave, como la definición de protocolos, acceso a información o seguimiento de casos. Aunque se reconoce la figura de “familia social”, no se establece su rol decisivo en los procesos de búsqueda o investigación.

La Plataforma Única podrá acceder a información de instituciones públicas y privadas, incluyendo registros de salud mental, residencias, INE, telecomunicaciones o estaciones migratorias. Diversas voces señalan que la protección de datos personales está supeditada a condiciones poco claras y podría facilitar abusos o vigilancia indebida.

Los colectivos criticaron que no se avanza sustancialmente en la transformación del modelo forense, ni en la transparencia de los registros de cuerpos no identificados. Aunque se obliga a practicar pruebas genéticas antes de inhumaciones, no se asignan recursos ni tiempos para saldar el rezago, y persiste el riesgo de fosas comunes sin identificación digna.

Organizaciones como Guerreros Buscadores y Sabuesos Guerreras denunciaron que la reforma no contempla plazos realistas ni sanciones efectivas para fiscalías que omitan iniciar carpetas o nieguen atención a víctimas. Además, la eliminación del artículo 23 Bis, que buscaba evitar el “peloteo” entre fiscalías, fue interpretado como una concesión al aparato institucional.

Aunque no menciona expresamente a las Fuerzas Armadas, la reforma mantiene las puertas abiertas a la intervención de autoridades del Gabinete de Seguridad, lo que genera preocupación por la opacidad y violaciones cometidas en contextos de desapariciones.

Aunque el gobierno federal ha presentado el dictamen como una victoria del diálogo, las organizaciones temen que el texto final sea aprobado sin correcciones de fondo durante el actual periodo extraordinario del Congreso federal.