Salud desconoce el destino de medicamentos caducos

En México se generan cada año alrededor de 200 millones de unidades de medicamento caduco, pero el sistema de salud no cuenta con los mecanismos necesarios para su correcta disposición, lo que implica riesgos para el medio ambiente y la salud de la población.

Una investigación publicada en el número más reciente de la revista Salud Pública de México revela que el manejo de medicamentos caducos está regulado por cinco leyes federales y siete normas de alcance nacional; sin embargo, “no hay evidencia sobre el adecuado cumplimiento de las normas”.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana (NOM) 052, una vez que caducan, todos los fármacos se convierten en residuos peligrosos, por lo que no deben depositarse en el cesto convencional de basura o tirarse al drenaje, sino en un contenedor especial para evitar los riesgos sanitarios y ambientales.

Para facilitar el manejo y disposición final de las medicinas vencidas y sus sobrantes en los hogares, en 2010 se creó Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (Singrem), una asociación civil sin fines de lucro auspiciada por la industria farmacéutica y apoyada por las autoridades de salud y medio ambiente.

Entre otras funciones, el Singrem apoyaba a la población a identificar contenedores seguros para el depósito de medicamentos caducos; no obstante, el sitio web del organismo lleva varios años sin actualizarse. Las últimas noticias datan de 2016 y los últimos reportes estadísticos corresponden a 2017.

La generación de medicamentos caducos es el resultado de problemas en la cadena de suministro, lo cual puede estar relacionado con una mala gestión de inventarios, periodos de adquisición prolongados, almacenamiento deficiente, control inadecuado de las caducidades o una incorrecta dispensación

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) cuenta con una “Guía para la disposición segura de medicamentos caducos acumulados en situaciones de emergencia”, pero su más reciente edición es del año 2001.

“La generación de medicamentos caducos es el resultado de problemas en la cadena de suministro, lo cual puede estar relacionado a una mala gestión de inventarios, periodos de adquisición prolongados, almacenamiento deficiente, control inadecuado de las caducidades o una incorrecta dispensación”, señala la investigación de la revista Salud Pública realizada por Pedro Jesús Saturno Hernández y Ramón Quiroz Razo.

Con relación al volumen de medicamentos caducos y el costo (tanto de adquisición como del proceso de destrucción), el estudio destaca que “no se cuenta con dichos registros o inventarios regulares a nivel municipal, estatal o federal; los escasos datos obtenidos a través del Sistema Nacional de Transparencia son listados de formato variado, establecidos por cada institución de salud, sin que conste toda la información esperada. Ello indica un control pobre o inexistente sobre este problema”.

En abril pasado, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), a través de la Agencia de Protección Sanitaria (Agepsa), presentó una serie de recomendaciones para evitar riesgos a la salud que derivan del mal uso y el desecho inadecuado de medicamentos caducos.

“Los medicamentos caducos no deben desecharse en la basura doméstica, drenajes o fuentes de agua potable. Tampoco se recomienda que permanezcan en los hogares, con el fin de evitar ser consumidos por error y generar una reacción adversa”, subrayó la dependencia.

Según la agencia, las medicinas vencidas deben ser depositadas en contenedores herméticos e impermeables destinados para su desecho de manera segura, los cuales se pueden encontrar en farmacias y en la red local de Centros de Salud.

“Desechar correctamente los medicamentos, previene la contaminación ambiental, evita daños a la flora, fauna y mantos freáticos; además, evita la venta de medicamentos falsos y previene riesgos a la salud por la ingesta de medicamentos e insumos en mal estado”, advierte la autoridad capitalina.

Los medicamentos caducos no deben desecharse en la basura doméstica, drenajes o fuentes de agua potable. Tampoco se recomienda que permanezcan en los hogares, con el fin de evitar ser consumidos por error y generar una reacción adversa

Dada la relevancia para la salud pública, por su potencial impacto medioambiental, económico y de calidad de los servicios de salud, la investigación de Salud Pública de México destaca la necesidad de promover mecanismos para la prevención, valorización y gestión integral de los residuos de medicamentos.

Los investigadores sugieren prácticas que reduzcan los volúmenes de medicamentos producidos, además de generar inventarios homologados e indicadores que permitan evaluar la situación e implementar mejoras que respondan a las responsabilidades de los gobiernos a nivel federal y estatal.

El estudio relata los infortunios que experimentaron los investigadores al hacer solicitudes de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia para conocer la realidad sobre el manejo de medicamentos caducos en el país.

Organismos como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Cofepris y gobiernos municipales mencionaron que está fuera de sus competencias proporcionar información acerca del manejo de residuos peligrosos.

Por su parte, la Secretaría de Salud dispone de escasa información relacionada con sus instituciones asistenciales y reconoce no contar con información alguna de otras organizaciones como IMSS o ISSSTE, lo cual pone en evidencia un modelo de salud fragmentado con limitada comunicación entre sus componentes.

Para la destrucción de medicinas vencidas se menciona el método de incineración directa, pero no se especifican los lugares, las empresas encargadas ni la clasificación de los productos. Tampoco fue posible conocer a detalle el proceso desde la recogida hasta la incineración, ni si en el proceso se cumplen o no los límites de emisión que determina la NOM-098.

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De los 200 millones de unidades de medicamento caduco que se generan cada año en el país, la Cofepris estima que alrededor de 12 millones de unidades no son recuperadas, 30 por ciento de los cuales (3.6 millones) son desviados al mercado ilegal.