Días después de su siembra autoridades capitalinas tuvieron que retirar presurosamente las amapolas sembradas como ornamento, al ser advertidas por la Secretaria de la Defensa Nacional sobre los riesgos de aquella ingenua y contradictoria decisión.

La siembra de amapola es una alternativa de ingresos rápidos y constantes para los narcotraficantes, ya que los ciclos de cuatro meses entre la siembra y recolección permiten hasta tres cosechas al año con muy poca inversión.

Miles de familias de esas entidades se dedican a la siembra y cultivo bajo el patrocinio de grupos delincuenciales, que obtienen ganancias millonarias con el tratamiento y trasiego de la droga a la Unión Americana.

Es común que los campesinos sean obligados bajo amenaza a la siembra y cuidado de los plantíos ubicados en zonas de difícil acceso. Sus ganancias son mínimas y el riesgo muy alto, ya que en operativos policiacos o militares son ellos los que terminan encarcelados.

Por todo ello adquiere relevancia el foro celebrado la semana pasada “Regulación de la amapola: retos y perspectivas”, organizado por el Senado, ante la expectativa de legalizar el uso de la amapola en los ámbitos medicinal y científico.

Es momento pues de explorar las causas, como ya se insinuaba desde entonces y ahora lo recomienda la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, así como las implicaciones sociales, económicas y de seguridad pública que se derivan de este fenómeno social.

La pretensión mayor sería que además de dar amnistía a campesinos obligados a trabajar para el narcotráfico, tengan ellos el incentivo de mantener sus cultivos pero dentro de la base de la legalidad.