México no construyó su sistema electoral de la noche a la mañana, ni como concesión gratuita del poder. Lo hizo a través de crisis, presiones sociales y reformas acumuladas, el contar con un árbitro electoral y procesos democráticos confiables nos costó tiempo, dinero, esfuerzo y hasta vidas conseguir. De ese proceso emergió el Instituto Nacional Electoral, una institución que, sin ser perfecta, logró algo excepcional en el contexto latinoamericano: generar confianza. Durante años fue reconocido por organismos internacionales como la OEA como un sistema profesional, con capacidad técnica y autonomía suficiente para organizar elecciones creíbles en un país históricamente marcado por la sospecha electoral. No era un árbitro infalible, pero sí uno en el que mayoritariamente se creía.

Y fue precisamente bajo ese sistema que el país transitó de elecciones controladas por el gobierno a procesos donde el voto ciudadano no solo se emitía, sino que se contaba y se defendía, fue también bajo ese mismo esquema que el movimiento que hoy gobierna alcanzó el poder en 2018. Es decir, el sistema que desde la administración pasada tanto criticó al Instituto Nacional Electoral, fue el mismo que bajo las reglas y organización de este, llegó al poder. La paradoja no puede ser menor.

Sin embargo, lo que comenzó como una relación tensa entre poder político y árbitro electoral terminó evolucionando hacia algo más delicado: un proceso de desgaste institucional. Durante el sexenio del ex presidente AMLO, el INE fue objeto constante de descalificación pública, recortes presupuestales e intentos de reforma —los llamado Plan A y Plan B— que, aunque no prosperaron en su totalidad, sentaron un precedente claro: las instituciones también pueden erosionarse desde el discurso, y hoy, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la discusión ya no gira únicamente en torno a reformas estructurales (pues fracasó también la reforma electoral de la presidenta), sino a algo más silencioso y potencialmente más efectivo: la configuración interna del propio Instituto.

Es ahí donde entra el proceso de renovación de tres consejeros del Consejo General del INE para el periodo 2026–2035, mismo que ha encendido alertas no por su existencia —que es parte natural del diseño institucional—, sino por las condiciones en las que ocurre. Con una mayoría legislativa en la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados tienen una influencia determinante en la selección de perfiles. En la conversación aparecen nombres como Bernardo Valle, con trayectoria en el ámbito electoral capitalino y cercanía con el gobierno federal; Adolfo Román Montero, actual director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados y cercano al círculo de Ricardo Monreal; o Patricia Avendaño, actual presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No se trata únicamente de sus capacidades técnicas —que en muchos casos existen—, sino de un elemento común que atraviesa estos y otros perfiles: vínculos, trayectorias o afinidades con el partido en el poder.

Las elecciones de 2027 y 2030 serán la primera gran prueba de este nuevo equilibrio. No solo se evaluará la capacidad técnica del Instituto, sino algo mucho más frágil: su credibilidad. Porque una democracia no se rompe cuando pierde una elección, se rompe cuando deja de confiar en quien las organiza. Y cuando esa confianza se erosiona, los resultados dejan de ser definitivos y comienzan a ser sospechosos.

Decir que la cultura política democrática en México atraviesa un momento complejo no es ninguna revelación. Desde hace años, distintos diagnósticos han advertido una tendencia clara: el debilitamiento de la confianza en las instituciones, el creciente desencanto ciudadano y una erosión progresiva del tejido democrático. Mientras el país perfeccionó sus mecanismos electorales —haciéndolos más técnicos, más robustos, más sofisticados—, no logró avanzar al mismo ritmo en la formación de una ciudadanía activa, crítica y comprometida con la defensa de esas mismas reglas. El resultado es una tensión cada vez más evidente: instituciones diseñadas para generar certeza operando en una sociedad que cada vez cree menos en ellas.

Como lo advertía la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE para el periodo 2017–2024: “México fue capaz de generar las instituciones necesarias para distribuir el poder por medios democráticos, pero no ha logrado garantizar el ejercicio democrático del poder distribuido”. Y esa es, quizá, la fractura más profunda del sistema: no en sus reglas, sino en su práctica.

Y este desencanto con la democracia no es exclusivo de México; atraviesa de hecho gran parte del mundo, alcanzando incluso a democracias consolidadas como los propios Estados Unidos. La polarización, la simplificación del debate público, el populismo de derecha o de izquierda, la desconfianza en los acuerdos y el desprestigio de las instituciones son síntomas de una cultura cívica debilitada. En ese contexto, el árbitro electoral no opera en el vacío: lo hace en medio de tensiones sociales, narrativas políticas y expectativas cada vez más erosionadas.