Cuando la ley sobra, todos se parecen…
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Puebla, 4 de abril de 2026
El próximo 6 de junio de 2027, México vivirá una de las jornadas electorales más relevantes de su ciclo político reciente, renovándose 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y miles de cargos locales, incluyendo presidencias municipales y congresos estatales y ante esto, el calendario legal es claro: el proceso electoral federal inicia formalmente en septiembre de 2026, y a partir de ahí se establecerán las etapas precisas para precampañas y campañas.
Por ello en teoría, cualquier acto de promoción personalizada o posicionamiento con fines electorales fuera de esos tiempos, constituye una violación a la ley, sin embargo en la práctica, esa normativa parece haberse convertido en una simple sugerencia, ya que a más de un año del inicio de la elección —y varios meses antes del arranque formal— los partidos ya están desplegando estructuras, posicionando perfiles y recorriendo territorio, exhibiendo una lógica cuestionable: la ley estorba cuando la competencia aprieta.
El PRI fue el primero en dar el paso con sus llamados “Defensores de México”. Bajo el liderazgo de Alejandro Moreno, el partido articuló una estructura territorial en 17 estados y 300 distritos que, en términos reales, funciona como un adelanto de candidaturas. Al frente de esta estrategia colocaron a Rosario Robles, figura que encarna por sí misma, varias etapas de la política mexicana: siendo ex jefa de Gobierno con el PRD, ex aliada de López Obrador, ex secretaria en el gabinete de Enrique Peña Nieto y ex reclusa por el caso de la Estafa Maestra.
Con un discurso que recuerda inevitablemente a Morena, el PRI tiene programados recorridos casa por casa bajo el argumento de “escuchar a la ciudadanía”, una narrativa cuidadosamente diseñada para evadir la tipificación de actos anticipados de campaña. Paralelamente, han perfilado nombres que difícilmente pueden interpretarse como simples operadores territoriales: Leticia Olivares en Aguascalientes, Víctor Manuel Galicia en Baja California, Cristian Castro Bello —sobrino del propio dirigente nacional— en Campeche, el vocalista del Grupo Primavera, Juan Antonio Meléndez, en Chihuahua, Arturo Nahle —hermano de la gobernadora de Veracruz— en Zacatecas, Adrián de la Garza en Nuevo León y el senador Manuel Añorve en Guerrero, entre otros.
Movimiento Ciudadano por su parte, también ha decidido ignorar el reloj electoral, aunque de forma más focalizada. Su atención está puesta en Nuevo León, uno de sus dos bastiones, donde la contienda interna se perfila como un duelo entre Mariana Rodríguez y Luis Donaldo Colosio. Aunque el partido ha incluido otros nombres como Martha Herrera o Raúl Lozano, estos parecen cumplir una función más decorativa que competitiva. La definición real estará concentrada en estas dos figuras de muy alto reconocimiento público, lo que convierte el proceso en una disputa anticipada, cerrada e interna.
Por otro lado, el Partido Verde llega fortalecido tras confrontar públicamente algunas propuestas del oficialismo —incluida la reforma electoral impulsada por la presidenta—, proceso del cual salieron victoriosos, y han optado por capitalizar ese momento de autonomía política, presentando nueve aspirantes a gubernaturas y dejando un fuerte mensaje al morenato, ya que el senador Manuel Velasco elevó el tono al asegurar que varios de sus perfiles superan en respaldo a figuras de Morena, dejando la advertencia de que, si no son considerados en las encuestas de la coalición, podrían competir por separado.
El caso más representativo de este posible conflicto es San Luis Potosí, donde el actual gobernador ha manifestado abiertamente su apoyo a la candidatura de su esposa, la senadora del Verde Ruth González. Este movimiento no solo anticipa el proceso electoral, sino que desafía directamente la narrativa antinepotismo promovida por la presidenta Sheinbaum, lo cual nos habla de que el Verde se siente con margen suficiente para tensar la cuerda, incluso frente a sus aliados.
Mientras tanto, el PAN ha terminado por adoptar una estrategia prácticamente idéntica a la de Morena, permitiendo la participación de perfiles externos al partido; es decir, que podrían ser candidatos o candidatas sin importar si son militantes o no. Quienes busquen esta opción podrán registrarse mediante una aplicación móvil o en las sedes estatales de Acción Nacional. Es decir, el mismo mecanismo que durante años fue objeto de críticas ahora se convierte en herramienta propia, ya que en el pasado cuestionaron al oficialismo por poner figuras que garanticen votos en vez de miembros de su movimiento, tales como los polémicos Sergio Mayer o Cuauhtémoc Blanco.
Y ya por último, respecto a Morena el partido en el poder también enfrenta sus propias tensiones internas. De entrada, se prevé que será hasta el próximo 22 de junio cuando se definan los coordinadores estatales que eventualmente se convertirán en candidatos a gubernaturas; es decir, mucho después que la oposición. Además, en el oficialismo enfrentan fuertes incertidumbres, como qué pasará con el caso de Saúl Monreal en Zacatecas, que ha evidenciado fisuras importantes en el partido, pues a pesar de los pronunciamientos en contra de su candidatura —desde la presidenta Sheinbaum, su mismo partido e incluso sus propios hermanos, Ricardo y David—, éste ha insistido en competir, desafiando la línea política y la legislación antinepotismo. Incluso, dejando abierta la posibilidad de buscar la candidatura por otra fuerza política.
Al final la constante es ineludible: todos los partidos sin excepción, están incurriendo en aquello que públicamente condenan. La ley electoral, diseñada para garantizar equidad y orden, ha sido desplazada por una lógica pragmática donde lo importante no es respetar las reglas, sino no quedarse atrás. La competencia política en México parece haberse convertido en una carrera donde el primero en violar la norma obtiene ventaja, dejándonos la pregunta: ¿de qué sirve entonces un marco legal si nadie está dispuesto a acatarlo?
Pues cuando la transgresión se vuelve consenso, la legalidad deja de ser referencia y se convierte en simulación. Y en esa simulación, las instituciones encargadas de arbitrar la contienda tampoco escapan al descrédito: con un INE que luce completamente rebasado y un Tribunal Electoral entregado a obedecer lo que le pidan Morena y aliados, modificando así el sentido de una elección, una elección que ya no se gana en las urnas, sino que depende de quién se atreve primero a ignorar las reglas del juego.
