Mal inicia la semana para el que ahorcan el lunes.

Eso le ocurrió al gobierno federal con la aplicación de un nuevo –y para muchos desmedido- aumento en las gasolinas, lo que ha generado una evidente y hasta muy entendible irritación social.

Los precios de las gasolinas Magna y Premium y el diésel aumentaron desde este 1 de agosto a 13.96, 14.81 y 13.98 pesos por litro, lo que significa incrementos de 56, 44 y 21 centavos, respectivamente, en comparación con los vigentes en julio.

En términos porcentuales, el incremento mensual al precio de la gasolina Magna será de 4.2 por ciento, el mayor de los últimos 18 años y el de la gasolina Premium, de 3.1 por ciento, también el mayor pero desde noviembre de 2006.

Las críticas hacia la figura del Presidente, Enrique Peña Nieto han sido abundantes, especialmente en redes sociales.

Lo menos que le imputan es que mintió, porque alguna vez había afirmado que los precios no subirían.

Parte del promocional con esa afirmación ha circulado ahora copiosamente.

Aunque pocos reparan que cuando lo dijo, claramente se refería al año de 2015 y no al actual.

Esa vez afirmó: “En 2015 ya no habrá gasolinazos, por primera vez en 15 años, ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP”.

De ahí la confusión.

Pero en estricto rigor, así ocurrió.

No hubo más gasolinazos, los que por cierto, fueron parte de la herencia del sexenio anterior.

Se trata pues de una campaña de desprestigio que usa como premisa una verdad a medias, que es lo mismo que partir de una mentira.

El aumento que entró en vigor esta semana no fue dispuesto por el Ejecutivo, ni tampoco por ninguna instancia del gobierno federal.

De algún modo este incremento a los precios a las gasolinas estaba previsto para el cierre de este año, y quienes así lo acordaron fueron nuestros legisladores.

Esa fórmula tiene como elementos a considerar este año tanto el precio de referencia de Estados Unidos, como el IEPS y los costos añadidos.

Y considera, desde luego, los precios internacionales del combustible, así como otros factores que regulan la economía mundial.

Es por ello que el alza se ubique en 3%, equivalente a la parte más alta de la banda de transición que desarrolló la Secretaría de Hacienda como paso previo hacia la libertad de precios en el mercado a partir del primero de enero de 2018.

Lo que podría ocurrir es que las estaciones de servicio ofrezcan un precio menor para incentivar la competencia, como ya está permitido, pero es difícil que eso ocurra.

Al haber llegado a su tope máximo autorizado, los precios este año no podrán volver a subir más, lo que implica que se mantendrá más barata que en algunas ciudades estadounidenses, o en otros países, como Canadá, Chile, Brasil, Argentina, Europa y Asia.

No es mi propósito defender a ultranza una medida cuya repercusión afecta a la mayoría de los ciudadanos, entre los que me incluyo, pero no se vale tampoco culpar de todo al gobierno, como se hace, por cierto, en el caso del conflicto magisterial.

El “Ya basta” del sector empresarial es reflejo inequívoco de un sentimiento generalizado ante un movimiento que ha traspasado los límites de la tolerancia y, peor aún, de la legalidad.

El análisis señala que las movilizaciones de la CNTE han afectado la actividad productiva de sectores como el ferroviario, el agroalimentario, el de alimentos y bebidas, el automotriz y de la construcción, pero de manera muy notable, el turismo…

Ante esta situación, diversos grupos empresariales del país han dado un “ya basta”, al considerar que el conflicto ha llegado a su límite, y han demandado al gobierno que se respete el estado de derecho, y se aplique la ley.

Mientras que en contraste, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho en la víspera que retener los salarios a los profesores es anticonstitucional y… anti-bíblico.

Mediante su cuenta de Twitter, López Obrador llamó a que se resuelva el conflicto, pero consideró que es indispensable sacar de la cárcel a los profesores retenidos y pedir al Congreso de la Unión que quite de la Reforma Educativa el apartado de las evaluaciones.

Así, mientras que el gobierno maniobra con cautela, aunque la liga esté por reventarle, muchos otros piden la aplicación de la ley, mientras hay quienes justifican y alientan la disidencia magisterial.

Uno y otro caso -gasolinazos y conflicto magisterial- tienen tantas interpretaciones como se quiera, por lo que serán vistos y juzgados según el cristal con que se miren.

Así sea con la perspectiva del 2018

¿O no?