García Parra no explicó los motivos por los que se propondría esa modificación, que impactaría en las 659 juntas auxiliares del estado (repartidas en 172 municipios), pero se mostró convencido y convincente.

La explicación de García Chávez puede ser debatible. Porque los consejeros del IEE no estuvieron exentos de cuestionamientos en la pasada contienda electoral y el proceso mismo tampoco estuvo ausente de hechos violentos, incluso asesinatos.

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También ayer, el ayuntamiento de ese municipio, que tiene a su cargo el penal, envió una carta a El Sol de Puebla para negar que en el inmueble se realicen las prácticas denunciadas.

¿Es posible que las nuevas autoridades municipales, que entraron en función en octubre del año pasado, no estén al tanto de las presuntas fechorías cometidas por algunos de los elementos o custodios que laboran en ese cárcel? Sí, lo es.

Por eso hay que darle un voto de confianza al ayuntamiento gobernado por Roberto Solís Valles. Y esperar a que Francisco Sánchez realice las investigaciones que prometió emprender para deslindar responsabilidades, en caso de que las haya.

Que se aclaren las cosas.