El gasto realizado por los gobiernos es un instrumento de atención a los problemas públicos. Es, en buena medida, un factor de desarrollo en los países en los que la distribución de la inversión en infraestructura social y de atención a las necesidades sociales, descansa en el presupuesto público. Por otra parte, el gasto público está regido por criterios técnicos, límites jurídicos, establecimiento de reglas de operación, distribución de competencias para el ejercicio, etc.

El ingreso público proviene en mayor proporción de los impuestos, fundamentales para contar con recursos para financiar el gasto gubernamental, y satisfacer las demandas sociales. De ahí, la importancia de la función recaudatoria de recursos de origen federal, que en México lleva a cabo el SAT. 

Ante este escenario, se resignifica el rol de las y los servidores públicos que participan en el proceso de recaudación. Por  ello destacan los esfuerzos institucionales para capacitar a los servidores públicos en todas aquellas tareas relacionadas con garantizar el buen uso de los recursos públicos, para este fin. Es parte del trabajo que realiza la ASF, con la capacitación permanente a los entes auditados y su presencia territorial.

En el caso de México —como lo he señalado en algún artículo previo— tenemos un sistema impositivo concurrente, pero con mecanismos de coordinación fiscal. Esto ha permitido que los tres niveles de gobierno tengan distribuidas diferentes responsabilidades recaudatorias y tipos de impuestos.

Pero el esfuerzo recaudatorio de los estados y municipios, donde los retos aún son importantes, ya que en la mayor parte de los casos —salvo algunas excepciones— la recaudación es aun reducida y se ha configurado una relación de absoluta dependencia respecto del esfuerzo recaudatorio federal. En algún momento un gobernador del Norte, le llamo “el padrotismo fiscal”, esto es “tu recaudas y luego me das mi parte”.   Ya he mencionado aquí el desinterés municipal para recaudar impuestos, como el predial, por ejemplo, y como gastan sus participaciones, sin racionalidad y transparencia presupuestarias.  

Es claro que, en el impuesto predial podrían mejorar su recaudación. Así sucede en otras partes de algunos países de OLACEF, en las que los impuestos a la propiedad representan una fracción sobresaliente del PIB. Las estadísticas de la OCDE señalan que el promedio de la suma total por impuestos a la propiedad en los países miembros es de 1.9% del valor total del PIB.

Un cuento: alguna vez fueron a verme presidentes municipales de una región muy pobre de Guerrero, me dijeron que “el gobernador les debía un mes de participaciones”, revisamos los libros y no existía tal cosa. Al cuestionarlos me respondieron que era Rubén Figueroa papá, con muchos años fallecido…. Me contestaron que como era del PRI, mejor lo cobraban muchos años después al del PRD, Zeferino Torreblanca” …. Y al preguntarles del predial, contestaron que no lo cobraban porque “tenía costo político” …

Ello dio lugar a que algunos estados, les quitaran el cobro del predial: según datos del Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2023 realizado por el INEGI, hay un total de 433 municipios (distribuidos en 6 entidades federativas) en los que el Estado cobra el impuesto predial. Eso apareció antes en la Ley y se les advirtió con tiempo, a las organizaciones de presidentes municipales, pero…