Presencia militar solo garantiza violación a derechos humanos: académico Ibero
Agregó que no hay justificación sobre la supuesta ejecución militar
Belén Cancino
El Ejército Mexicano debe salir de la comunidad de Palmarito Tochapan, en el municipio de Quecholac, ya que no puede responsabilizarse de las tareas de seguridad pública y cometería más violaciones a los derechos humanos de los pobladores, sentenciaron Jorge David Cervantes Pérez, presidente de la Academia de Criminología de la Facultad de Derecho de la BUAP y Alberto Curiel Tejeda, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla).
Por separado, los especialistas en Derecho coincidieron en que de acuerdo con un video que ha circulado en las redes sociales, en el que se observa a un militar ejecutar a un civil, un castrense incurrió en una grave violación a las garantías fundamentales de un hombre en medio del Operativo Palmarito del pasado 3 de mayo, pues de ninguna manera se puede justificar que hayan dado muerte a un hombre.
El hecho, consideraron, sirve para recordar que la responsabilidad de los miembros del Ejército Mexicano son los asuntos de seguridad nacional, no las tareas de seguridad pública, pues subrayó Curiel Tejeda, no están capacitados para aprehender a presuntos delincuentes conforme a lo que dicta la Constitución Mexicana, el Código Nacional de Procedimientos Penales y protocolos de seguridad.
Sin embargo, sentenció el catedrático de la Ibero Puebla, esta situación no exime al militar que incurrió en la falta gravísima de asesinar a una persona de la que no hay certeza que fuera delincuente o que lo amenazara, “no se puede justificar al Ejército con que no están capacitados para eso”, enfatizó.
Cervantes Pérez añadió al respecto que las fuerzas armadas no suelen recibir abundante capacitación sobre el respeto a las garantías fundamentales de las personas y que actúan bajo órdenes, “entonces hay que preguntarse ¿qué orden recibieron?, y ¿quién la dio?”, completó.
Por tales razones, ambos reprobaron que las autoridades utilicen a los castrenses para suplir a las corporaciones de seguridad municipales, estatales y federales, y remediar su responsabilidad por la colusión de sus miembros con la delincuencia organizada.
Y se pronunciaron porque el Ejército Mexicano se retire del lugar, pues por su presencia y forma de actuar, podrían repetirse situaciones de violación de las garantías fundamentales.
Finalmente, Cervantes Pérez apeló a la responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) pues mencionó que la petrolera debió tener elementos de vigilancia de sus ductos, para evitar el robo de combustible y en consecuencia, la situación de inseguridad que ahora existe.
Más Noticias
LO+VISTO
COLUMNAS
LO+RECIENTE
