Acumula dirección de Pensiones deuda de 5 mil mdp

El fondo del sector burocracia entró en crisis en junio de este año, mientras que el de telesecundarias desde 2021

María del Rosario Martínez — Nahum Delgado / El Sol de San Luis \n

Emanuel Landeros / El Sol de San Luis

La deuda acumulada en Pensiones del Estado es de cinco mil millones de pesos, lo que representa una de las principales presiones dentro del gasto estatal. La descapitalización obliga a gobierno a intervenir como deudor solidario.

Así lo confirmó la titular de la Secretaría de Finanzas, Ariana García Vidal, quien desestimó que esto genere una afectación a los programas sociales “al menos no a un nivel que quite el sueño, además de que las crisis en los sistemas de pensiones son a nivel mundial”.

La funcionaria estatal afirmó que ese boquete en las finanzas estatales es un conflicto que se arrastra desde hace varios años, “mismo que fue ocasionado por los gobiernos de la maldita herencia que nunca pusieron la atención necesaria al tema”. El fondo del sector burocracia entró en crisis en junio de este año, mientras que el de telesecundarias desde 2021.

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La estimación de ese pasivo sería del orden de los cinco mil millones de pesos, insistió, aportaciones deficitarias que deben ser cubiertas por la Secretaría de Finanzas, lo que coincidió con lo dicho por el titular de la propia Dirección de Pensiones, Luis Arturo Coronado Puente, quien consideró que “la descapitalización de fondos obliga al gobierno a intervenir como deudor solidario”.

Lo anterior, debido a que el tema se atribuye al déficit que la dependencia a su cargo resiente ante la cantidad insuficiente que obtiene a través de las aportaciones obrero-patronales, contra el egreso por el pago de los derechos.

Las aportaciones no son suficientes, dijo, “ya que mientras la nómina de burocracia tiene un costo de 120 millones de pesos mensuales, lo captado con las cuotas patronales y de trabajadores alcanzan apenas los 60 millones de pesos”, precisó.

Finalmente, Coronado Puente reiteró que la Ley específica que ante una descapitalización el gobierno debe responder como deudor solidario, al tiempo de añadir que bajo el esquema actual el gobierno estatal cubrirá poco a poco los pagos, hasta que queden cubiertos todos los adeudos.