En Sinaloa, el discurso del desarrollo avanza más rápido que los derechos. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya insiste en que las inversiones no se detienen por las protestas, en el norte del estado crece una pregunta incómoda: ¿desarrollo para quién y bajo qué condiciones?

Las recientes manifestaciones en Topolobampo contra la planta de amoniaco no son un capricho ni una resistencia irracional al progreso. Son, en esencia, un reclamo por algo que la ley ya reconoce: el derecho a ser consultados. No es un favor del gobierno, ni una concesión política; es una obligación jurídica cuando se trata de proyectos que impactan territorios, medio ambiente y formas de vida.

El gobernador asegura que todas las voces son escuchadas, pero escuchar no es lo mismo que consultar. La diferencia no es menor. La consulta —libre, previa e informada— implica procesos formales, tiempos adecuados, información clara y, sobre todo, la posibilidad real de incidir en la decisión. Lo otro, el “escuchamos a todos”, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio meramente testimonial.

En su narrativa, Rubén Rocha Moya coloca a la inversión como un tren que no puede detenerse. Y es cierto: en un contexto económico complejo, pocos gobiernos están dispuestos a frenar proyectos de miles de millones de dólares. Pero ese argumento también revela una lógica preocupante: la de asumir que cualquier resistencia social es un obstáculo y no una alerta.

El caso de Mexinol, presentado como una inversión “sin precedentes”, sintetiza ese dilema. Nadie discute la magnitud del capital ni el potencial de generación de empleo. Lo que está en juego es si ese desarrollo se construirá con legitimidad social o si, como ha ocurrido tantas veces en México, se impondrá bajo la premisa de que el crecimiento económico justifica todo.

La declaración de Topolobampo como polo de desarrollo —derivada de un decreto federal— refuerza la apuesta gubernamental. Pero también eleva la responsabilidad. Ser estratégico no solo implica atraer inversión; implica hacerlo bien, con reglas claras, transparencia y respeto a los derechos de las comunidades.

Al final, la pregunta no es si las inversiones deben llegar —claro que deben—, sino si llegarán respetando la ley y construyendo consenso. Porque el verdadero riesgo no es que se detenga el capital, sino que avance dejando atrás a quienes, por derecho, debieron ser parte de la decisión.