En otras palabras: preguntar podía volverse sospechoso; documentar, un delito; informar, una conducta punible.
En la era digital, donde la información viaja a la velocidad de un mensaje y la realidad se documenta en tiempo real, legislar con ambigüedades no es un error técnico: es un riesgo democrático. Por eso el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un simple ajuste jurídico, sino un alto de fondo a una tentación cada vez más frecuente del poder: combatir la inseguridad sacrificando libertades públicas.
La Corte fue clara al invalidar una reforma penal que pretendía castigar a los llamados “halcones”, pero que en su redacción abría un abanico peligrosamente amplio. Tan amplio que no solo podía alcanzar a quienes colaboran con el crimen organizado, sino también a periodistas, investigadores, activistas digitales y ciudadanos comunes que, desde un celular o una computadora, recaban, analizan o difunden información.
El problema no es menor si se observa el contexto actual. Internet ha desdibujado las fronteras tradicionales de la comunicación: hoy cualquiera puede grabar, transmitir en vivo, compartir datos o contrastar versiones. Ese ecosistema, incómodo para el poder, es también una de las pocas herramientas que tiene la ciudadanía para vigilarlo. Cuando una ley penaliza de forma vaga la “obtención” o “transmisión” de información, no solo apunta al crimen: apunta al corazón mismo del derecho a saber.
Para Sinaloa, el precedente es especialmente relevante. Un estado marcado por la violencia, donde la narrativa oficial suele chocar con la realidad que se vive en las calles y que muchas veces se expone primero en redes sociales. En ese contexto, cualquier legislación ambigua se convierte en un arma de doble filo: puede usarse no solo contra estructuras criminales, sino contra voces incómodas, medios críticos o ciudadanos que documentan lo que el discurso institucional prefiere callar.
La Suprema Corte entendió algo fundamental: no se puede legislar seguridad a costa de derechos informativos. No se puede colocar la lupa penal sobre la información misma, porque hacerlo equivale a criminalizar el ejercicio de la ciudadanía digital. En tiempos de Internet, eso no solo es desproporcionado: es autoritario.
El mensaje al Congreso es contundente. El miedo no puede ser la base de la ley. La presión social por resultados en seguridad no justifica normas mal hechas que abran la puerta a la censura, al hostigamiento judicial o al silenciamiento indirecto. Una democracia no se defiende castigando la información, sino garantizando que ésta circule con libertad y responsabilidad.
La Corte, en suma, no defendió a delincuentes; defendió un principio. Que la lucha contra el crimen no puede convertirse en una excusa para perseguir la curiosidad, el periodismo o la documentación de la realidad. Porque cuando el poder decide que informarse es delito, lo que realmente está en juego no es la seguridad pública, sino la libertad.
