La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desechar la controversia constitucional del municipio de Ahome no sólo cierra un capítulo jurídico; abre, también, una discusión incómoda sobre el papel del máximo tribunal frente a conflictos que tocan el corazón del federalismo mexicano.

La Corte decidió no mirar.

Porque cuando la justicia se queda en la forma, corre el riesgo de volverse irrelevante en el fondo.

Pero no ocurrió.

Bajo la conducción del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, el pleno prefirió una interpretación estricta de los plazos procesales. Una decisión que, si bien se sostiene en la legalidad, deja la sensación de que el máximo tribunal evitó deliberadamente entrar a un terreno políticamente espinoso.

Y esa percepción importa.

Porque en contextos como el de Sinaloa, donde las tensiones entre poderes no son un asunto abstracto sino cotidiano, el silencio de la Corte pesa tanto como una sentencia. Al no pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto del Congreso del Estado de Sinaloa, el tribunal deja intacta una decisión que muchos consideran cuestionable.

El mensaje es claro: los plazos importan más que los principios.

Pero también deja otra lectura, más preocupante: que los temas de fondo pueden quedarse sin resolver si no encajan perfectamente en los tiempos procesales. Y eso, en un país donde los litigios constitucionales suelen enfrentar obstáculos políticos y administrativos, no es un detalle menor.

La Corte tenía en sus manos la posibilidad de fortalecer el federalismo o, al menos, de clarificar sus límites. Optó por no hacerlo.

Hoy, más que una resolución, lo que queda es una ausencia. La ausencia de un criterio, de un posicionamiento, de una guía para casos futuros. Y en el vacío que deja la Corte, otros actores —políticos, no judiciales— terminan llenando el espacio.

Quizá esa sea la mayor crítica: no lo que la SCJN resolvió, sino lo que decidió no resolver.