A esto se suma un elemento político que no pasa desapercibido: la ausencia de una fecha confirmada para la visita de la presidenta de la República a Sinaloa.
Sinaloa no necesita más promesas en suspenso ni regresos anunciados sin saldo público. Necesita respuestas. Porque mientras las autoridades afinan estrategias y cuidan los tiempos, la violencia no espera, y la sociedad tampoco debería hacerlo.
La reiterada visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a Sinaloa confirma una realidad que el propio discurso oficial intenta matizar: la crisis de seguridad en el estado sigue siendo un asunto de atención prioritaria para el gobierno federal. Que el funcionario regrese —una vez más— el próximo miércoles para “revisar estrategias” habla tanto de la gravedad del problema como de la insuficiencia de las acciones ya implementadas.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha insistido en que existen avances “significativos” en dos de los casos que más han cimbrado la agenda pública reciente: el ataque armado contra diputados y la privación ilegal de la libertad de trabajadores mineros. Sin embargo, esos avances siguen siendo abstractos, con una detención bajo sospecha, sin resultados visibles para una sociedad que exige algo más que declaraciones cautelosas.
Es comprensible que, tratándose de investigaciones en curso, las autoridades eviten revelar información sensible. Lo que no resulta comprensible es que, en un contexto de violencia persistente, el discurso oficial se limite a prometer que “de un momento a otro” fluirá la información. En Sinaloa, ese “momento a otro” se ha convertido en una frase recurrente que rara vez se traduce en certezas.
La narrativa gubernamental apuesta a la coordinación interinstitucional como eje central de la estrategia: fiscalías que se articulan, fuerzas federales que refuerzan operativos, mesas de seguridad que se multiplican. Pero en el terreno, la percepción ciudadana es otra. Los hechos violentos continúan, la impunidad sigue marcando la pauta y los casos emblemáticos parecen avanzar más en el discurso que en los tribunales.
Aunque el gobernador asegura mantener comunicación permanente con el gabinete de seguridad nacional, la indefinición envía un mensaje incómodo. En momentos críticos, la presencia presidencial no es un gesto menor; es una señal de respaldo, pero también de urgencia. La falta de agenda refuerza la idea de que Sinaloa sigue siendo atendido, sí, pero sin el nivel de prioridad simbólica que la situación amerita.
Rocha Moya también ha descartado cambios en su gabinete de seguridad. La decisión apunta a la continuidad, pero también abre la puerta a una pregunta inevitable: ¿basta con coordinar mejor o se requiere una revisión más profunda de responsabilidades y resultados? Cuando la violencia se normaliza, la estabilidad administrativa puede confundirse con resistencia al cambio.
La visita constante de altos mandos federales, las reuniones privadas y los mensajes de “avance” dibujan un escenario de trabajo intenso, pero opaco. Y en seguridad pública, la opacidad siempre juega en contra del Estado. La confianza no se construye solo con operativos, sino con información clara, resultados medibles y decisiones que asuman costos políticos.
