Porque mientras la agenda se ajusta en la Ciudad de México, en Culiacán los números siguen creciendo y las familias siguen contando muertos. Y esa distancia entre el discurso oficial y la realidad es, hoy por hoy, el principal desafío del gobierno estatal.
El anuncio del gobernador Rubén Rocha Moya sobre su próximo viaje a la Ciudad de México para reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llega en un momento incómodo, pero inevitable. La violencia no da tregua y Culiacán vuelve a colocarse en el centro de la conversación nacional por razones que nadie quisiera normalizar.
Cinco homicidios diarios en promedio durante la primera semana de 2026 no son una estadística menor. Son una señal de alarma que confirma lo que la ciudadanía percibe en las calles: la violencia se ha recrudecido, particularmente en la zona centro del estado, y los operativos, aunque constantes, no están logrando contener el fenómeno con la eficacia prometida. Ocho asesinatos en un solo día, como ocurrió el 6 de enero, no pueden leerse como hechos aislados ni como simples picos coyunturales.
Culiacán arrastra una historia compleja marcada por disputas criminales, reacomodos de grupos delictivos y ciclos de violencia que se reactivan cada cierto tiempo. Sin embargo, el inicio de 2026 deja ver un escenario preocupante: una ciudad que intenta recuperar la normalidad mientras convive con ejecuciones diarias, ataques armados y una percepción de inseguridad que no disminuye pese a la presencia de fuerzas federales.
El gobernador insiste en que existe un “operativo integral” y que el respaldo del gobierno federal se mantiene. Pero el problema ya no es solo de despliegue, sino de resultados. La ciudadanía escucha desde hace años el mismo discurso de coordinación, análisis de variables y ajustes estratégicos, mientras la violencia sigue marcando la agenda pública y condicionando la vida cotidiana.
La posible reunión con García Harfuch se vuelve entonces más que un trámite institucional: es una prueba política. No basta con mesas de seguridad itinerantes ni con visitas esporádicas del gabinete federal. Culiacán necesita una estrategia clara, sostenida y medible, que vaya más allá de la reacción inmediata y ataque las causas estructurales de la violencia.
