¿Usted qué opina, amable lector? ¿Ya está listo para ser castigado por sus memes?
En un curioso y aparentemente “espontáneo” movimiento, varios estados gobernados por Morena han sentido la urgencia de regular la “violencia digital”. Sonora, Puebla y Campeche han estado en el centro de la controversia por casos que sugieren un patrón: sancionar críticas a políticos bajo el pretexto de combatir el ciberacoso. En Sonora, una ciudadana fue castigada por señalar el nepotismo de un diputado morenista; en Puebla, el gobernador enfrentó críticas por impulsar una ley que penaliza el “ciberasedio”; y en Campeche, la gobernadora Layda Sansores logró una condena contra un periodista por cuestionarla. Ahora, Sinaloa se suma a esta tendencia con una iniciativa de reforma al Código Penal que, aunque retirada el 20 de junio de 2025 tras críticas, enciende alarmas por su potencial censor.
La propuesta, conocida como “Iniciativa para prevenir y sancionar la violencia digital”, introduce el delito de violencia digital en el Artículo 177 Bis C: “Comete el delito de violencia digital la persona que, de manera dolosa y mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos, reales o simulados, de una o varias personas, con el propósito de difamar, desprestigiar, calumniar, injuriar, denigrar, descalificar o causar daño físico, psicológico, emocional, económico o simbólico, en cualquier ámbito de su vida pública, privada o en su imagen personal.”
A primera vista, el objetivo parece noble: proteger a las víctimas de ciberacoso, especialmente a poblaciones vulnerables. Sin embargo, la ambigüedad de términos como “difamar”, “denigrar” o “daño emocional” es una receta para el desastre. ¿Quién decide qué es un insulto o qué publicación causa daño? Esta vaguedad abre la puerta a interpretaciones subjetivas, permitiendo que políticos, autoridades o incluso ciudadanos con agendas personales utilicen la ley para silenciar críticas. Un meme, una caricatura o una sátira podrían ser suficientes para que un funcionario se declare ofendido y acuda al Ministerio Público. En un estado donde el periodismo ya enfrenta presiones, esta norma podría convertirse en un arma contra quienes investigan corrupción o cuestionan al poder.
Otro problema es la confianza en el sistema judicial. En teoría, los tribunales determinarían qué constituye violencia digital. Pero, ¿podemos confiar en jueces locales para interpretar estas leyes de manera imparcial, especialmente cuando Sinaloa adoptará en 2027 el modelo de selección judicial que muchos critican por su opacidad? La respuesta es preocupante. Una ley tan imprecisa en manos de un sistema judicial vulnerable a influencias políticas es un riesgo para la libertad de expresión.
Es extraño que sean los políticos quienes más defienden estas reformas. Pareciera que buscan un escudo legal para evitar ser llamados ineptos, corruptos o nepotistas sin consecuencias. Parte de su responsabilidad, y del oneroso salario que reciben, debería incluir tolerar las críticas y sátiras que su cargo público inevitablemente atrae. En lugar de asumir esta carga, parecen quererlo todo: poder sin rendición de cuentas y una reputación intocable.
México ya cuenta con herramientas legales suficientes. La Ley Olimpia, por ejemplo, castiga la violencia digital de género, mientras que el Código Penal Federal aborda delitos como la difamación o el daño moral. En vez de crear nuevas leyes con tintes autoritarios, las autoridades deberían fortalecer la aplicación de las existentes, capacitar a las fiscalías en delitos digitales y promover la educación para prevenir el acoso en línea. Más cárcel no es la solución; el diálogo y la prevención sí lo son.
El proceso legislativo en Sinaloa también deja mucho que desear. La iniciativa se presentó sin consultas amplias con periodistas, expertos o sociedad civil, lo que alimentó la desconfianza. Aunque el Congreso dio un paso atrás al anunciar mesas de diálogo, el daño está hecho: la percepción de una “Ley Censura” persiste, y con razón. La libertad de expresión no es negociable. El ciberacoso es un problema real, pero la respuesta no puede ser una norma que, intencionada o no, amenace el derecho a disentir.
Sinaloa merece una legislación que proteja sin reprimir, que combata la violencia digital sin sacrificar la democracia. Las mesas de diálogo son una oportunidad para construir una ley clara, consensuada y respetuosa de los derechos fundamentales. De lo contrario, el espectro de la censura seguirá rondando. ¿Usted, amable lector, está listo para ser castigado por un tuit o un meme?
