Los cabildos de Mazatlán y Culiacán, los dos municipios más grandes del estado, se subieron al tren de la desaparición de los organismos autónomos del país y este viernes “avalaron la muerte” del INAI y la CEAIP en Sinaloa.

La propuesta, que modifica la Constitución para que estos órganos se extingan, fue una idea que se fraguó en el sexenio anterior, con lo que se regresa a la vida política del siglo pasado, cuando el todopoderoso gobierno-partido hegemónico controlaba todo. 

Estás entes, creadas desde la sociedad civil, en 25 años sirvieron para que los ciudadanos tuvieran acceso a la información pública de los gastos del gobierno y cómo se invertía el recurso público de los ciudadanos que tributan ante el Estado mexicano.

La 4T, en aras de una política de austeridad, justifica que el ahorro que tendrán las finanzas del país al eliminar estos órganos autónomos permitirá ejercer un mayor gasto social para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Implícitamente, haber sacado de la pobreza a más de 13 millones de connacionales es el pretexto perfecto para extinguir todos los esfuerzos por transparentar la vida pública del país.

Ahora, cada secretaría estatal de transparencia asumirá esas funciones, o sea, juez y parte.

En el caso de Mazatlán, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez aseguró que el derecho a la información pública en el puerto estará garantizado por el Órgano Interno de Control. ¡Uf, menos mal!

El trabajo de esta área en los últimos años ha quedado a deber, como la propia Sindicatura de Procuración, cuyos resultados no son nada aplaudibles.

Mientras que para la autoridad local es un proceso que mejorará la vida pública, para integrantes de la oposición es un atropello legislativo, el debilitamiento de los contrapesos a un régimen que aspira a convertirse en un monstruo dictatorial.