Si 2025 fue para el presidente Donald Trump, un año de triunfo, 2026 es un año de amarguras. Su talante dictatorial, campaña contra migrantes, declaraciones públicas disparatadas, aumento de la gasolina, incremento en los índices de inflación, su grotesca comparación con Jesucristo y la guerra en contra de Irán, tienen en caída libre sus índices de popularidad.  

Donald Trump no sería el primer mandatario de la Unión Americana en sentir la gloria y la humillación –ambas cosas- del cargo que ejerce. Esta paradoja la experimentaron otros presidentes de la era moderna. Algunos, incluso Wilson, Hoover, Truman, Johnson y Nixon, la sufrieron dramáticamente.

La renuncia de Richard Nixon por el asunto de Watergate sentó un precedente: cuando un primer mandatario norteamericano lleva a cabo un abuso de sus funciones oficiales, está en riesgo de perder su cargo. La referencia más próxima era la fallida destitución del presidente Andrew Johnson ( 1865-69) en 1868, al término de la guerra civil. Pero fue absuelto en el Senado por el margen de un voto. Cuando Richard Nixon renunció en mil novecientos setenta y cuatro, el Comité judicial del Congreso había votado por el procedimiento de destitución , pero esta resolución no llegó al Senado. Nixon presumiblemente habría sido juzgado culpable. A cambio, el dijo que su renuncia fue forzada por su pérdida de apoyo en el Congreso.  

Se supone que el ocupante de la Casa Blanca está conciente de que cualquier acto suyo que se extralimite en lo que establece la Ley Máxima y constituya un atropello para los derechos humanos y el decoro, le puede significar perder su alta investidura. Pero más allá de la narrativa ordinaria, la orden para llevar a cabo la remoción de un jefe del ejecutivo, por la razón que sea, demanda un giro radical de las fuerzas políticas que están en el Congreso y en su relación con la presidencia de la república. Si el partido demócrata opositor a Trump obtiene la mayoría en las elecciones de noviembre próximo, podría iniciarse un proceso de Destitución contra el presidente. Sin embargo, esto siempre es complicado de llegar a cabo y aún mas en una guerra (y el imperio parece estar siempre en guerra). En estas circunstancias es dificultoso que en el Congreso pase una iniciativa que pueda interferir con la decisión o actitud del jefe del ejecutivo relativo a la política exterior y el despliegue militar. Aquí, los demócratas y republicanos se muestran poco dispuestos a oponerse a la voluntad del presidente, cuestión que se reconfirma con la denominada “política exterior bipartita”.