Difícil no sentir indignación ante la reciente sentencia del tribunal electoral de Michoacán que libera al senador Gerardo Fernández Noroña de la acusación por violencia política en razón de género contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, alcalde asesinado el pasado noviembre.

¿Qué sucedió? Grecia Quiroz pidió investigar a personas cercanas al régimen por el asesinato de su esposo; el senador reaccionó cuestionando su duelo, la llamó fascista, de ultra derecha y de obedecer a intereses políticos para contender por la gubernatura de Michoacán.

Quiroz lo denunció por Violencia Política en Razón de Género (VPRG). El Tribunal local argumentó que al no haber sido electa, sino elegida por decisión del congreso local -procedimiento perfectamente legal en materia electoral- el caso correspondería a la justicia administrativa.

El antecedente de la conducta del senador es claro, público y reiterado. Él ya fue sancionado formalmente en 2019 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por VPRG contra Adriana Dávila, cuando ambos eras diputados federales, obligado a disculparse públicamente y a tomar un curso de sensibilización.

Así también, la periodista Azucena Uresti, la diputada Laura Ballesteros, la senadora Lily Téllez y otras mujeres le han señalado por violencia. El niega sistemáticamente haber hostigado o acosado a mujeres, afirmando que sus críticas son parte del debate político legítimo. En pocas palabras, no se entera de la diferencia entre debate y ataque. Muy lamentable.

Lo más alarmante es que esta resolución no llega en el vacío. La misma justicia electoral ha sancionado con severidad otras expresiones que, a diferencia de las de Fernández Noroña, sí se enmarcaban en el debate público y no en la violencia, como los casos de “dato protegido” o de la jueza a quien la justicia electoral amparó porque un periodista citó parte de su currículum ¡público! a pesar de que su trabajo estaba sustentado justamente en el interés público.

Esa disparidad pone en evidencia cómo el concepto de violencia política en razón de género, nacido para proteger a las mujeres en la arena pública, se ha distorsionado bajo la complacencia de ciertos magistrados. Cuando el agresor es un político con peso mediático y aliados en el sistema, la violencia se disfraza de “opinión”. El resultado no solo es injusto: es corrosivo.

Cada vez que los tribunales trivializan un caso como el de Quiroz, envían un mensaje inequívoco a todas las mujeres que se atreven a participar en política: que su derecho a ser respetadas depende del humor de los jueces y del poder del agresor. Y cada vez que aplican el concepto con exceso en casos banales, lo vacían de legitimidad.

La sentencia que libera a Fernández Noroña no es una victoria de la libertad de expresión, sino una derrota de la justicia con perspectiva de género. Un recordatorio de que, en México, algunos tribunales aún confunden el derecho a hablar con el derecho a humillar. Faltan dos instancias. Veamos si la justicia impera.