Estimados tlaxcaltecas, los saluda su amigo Joel Molina Ramírez. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha planteado la extinción de 109 fideicomisos por dos razones esenciales. La primera, es que se crearon para no actuar con apego a la normatividad, y la segunda, porque sus recursos se manejan de manera discrecional.

Para entender la importancia de esta decisión debemos saber que un fideicomiso es un instrumento financiero en el que una persona o fideicomitente destina dinero o bienes para que una institución financiera o bancaria, llamada fiduciaria, los administre para garantizar que dichos recursos se usen para un fin legal específico a favor de un beneficiario.

Con estos instrumentos, el Estado “etiqueta” recursos públicos provenientes de nuestros impuestos para determinarlos a diversos fines, y aunque la misma normatividad obliga a transparentar cuánto dinero tienen y también cómo se usan, la realidad es que en los pasados gobiernos no ocurrió así.

De hecho, los fideicomisos son una figura perteneciente al ámbito privado que pasó a formar parte de la administración pública, como parte de los mecanismos que los gobiernos anteriores aplicaron para utilizar dinero del pueblo de México en condiciones de opacidad sin ninguna consecuencia.

Ahora, el gobierno de la Cuarta Transformación ha instruido a funcionarios federales a evaluar la asignación de recursos a quienes reciben beneficios a través de los fideicomisos públicos, a fin de asegurar la continuidad, agilidad y transparencia en la entrega de apoyos, así como para revisar presuntas irregularidades.

Estimados amigos: es mentira que la extinción de los fideicomisos busque afectar la atención de la problemática social, como algunos aseguran. Ciertamente, hay intereses creados en torno a su conformación y operación, y es necesario tenerlo presente para que el debate no esté sesgado y se califique prematuramente como injusto.

La atención de la educación, la salud, la cultura, ciencia y tecnología no depende de la existencia de fideicomisos que, en la práctica, han sido más útiles para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad. Las prácticas corruptas del régimen anterior acabaron ya.

Gracias por su atención, hasta la próxima entrega.