TIEMPOS DE DEMOCRACIA
José Vicente Sáiz Tejero
EVOLUCIÓN DEL ÓRGANO SUPERIOR DE JUSTICIA
EL RETIRO DEL MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO
UN MINISTRO HUMANISTA… ¡PRESIDENTE DE LA CORTE!
CASOS QUE ABRIERON CAUCES NUEVOS A LA JUSTICIA
LIMPIA DE ABUSADORES Y SINVERGÜENZAS
La línea de indeclinable independencia seguida por el ministro presidente garantiza la futura autonomía de la Corte.
Al privilegiar en sus sentencias los derechos humanos, José Ramón Cossío dio un giro a la labor de los juzgadores.
Moralizar el funcionamiento de los juzgados federales, erradicando añejas y viciadas prácticas, el reto de Zaldívar.
Para Enrique Galicia, un tlaxcalteca inclinado al estudio del Derecho, las Leyes y la Razón. El régimen bajo el cual los mexicanos hemos sido gobernados concentra en el Ejecutivo Federal todo -o casi todo- el poder. La nación ha girado -y gira- en torno a los designios de quien ocupa su titularidad. Con una indiferencia que apena se acepta que sea una irrealidad cotidiana la separación de poderes establecida en la Constitución. Históricamente, sólo por excepción el Poder Legislativo y el Judicial han operado con autonomía e independencia y, pese a ello, seguimos viendo con indolente naturalidad esa que sin duda es la peor contrahechura del sistema presidencialista. En tales circunstancias, el Estado de Derecho -piedra angular sobre la que descansan las sociedades civilizadas- no pasa en México de ser una entelequia. La Cuarta Transformación que preconiza el presidente López Obrador no apunta ciertamente hacia la corrección del fenómeno; antes al contrario, la tendencia es a agudizarlo. Entregado el Congreso a la voluntad del mandatario, la única posibilidad institucional de contrapesarlo radica en que, con la llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un ministro liberal, progresista y probadamente independiente como Arturo Zaldívar, el Poder Judicial recobre las facultades de que está investido.
Menester es reconocer que la Corte se ha venido modificando para bien en el curso del presente siglo. Los vientos democráticos que soplaron en el último tercio de la anterior centuria cambiaron al país, provocando una inédita distribución del poder en todos sus estamentos. Vinculada por mucho tiempo a los centros de poder político y económico y, por ende, ajena a la problemática de la gente llana, la Corte no se sustrajo a esa evolución. A contrapelo de su tradicional rigidez protocolaria y de la secrecía con que elaboraba sus sentencias, hubo de embarcarse en un proceso de transparencia y acercamiento a la ciudadanía. Así, al asumir sin reservas su función de garante de la Constitución, la sociedad dejó de considerarla como un ente al servicio incondicional del Ejecutivo Federal, como de hecho lo estuvo en los años del priato. Aquella vergonzante condición cambió, como lo demuestra lo impredecible de sus fallos que ahora, por fin, se emiten al margen de presiones exógenas. Es una lástima, empero, que las instancias federales de segundo y tercer nivel no hayan seguido el mismo camino y, peor aún, que los órganos equivalentes de justicia en las entidades federativas continúen en la triste condición de vulgares apéndices del poder.
La Reforma de 1994 de Ernesto Zedillo modificó la arcaica estructura de la Suprema Corte y, de paso, de todo el Poder Judicial Federal. La nueva normativa propició, entre otras cosas, el ingreso de expertos en Derecho que habían hecho su carrera profesional en la academia o como abogados postulantes, rompiendo así la hegemonía de quienes provenían de las entrañas mismas del sistema impartidor de justicia. Así fue como -hace quince años- arribó a la Corte José Ramón Cossío, un abogado por la Universidad de Colima, que iba a actuar como un auténtico adelantado en la tarea de fundamentar los contenidos de sus sentencias y de explicarlas en función de los derechos humanos de los demandantes. Si bien al principio su inusual práctica halló resistencias, terminó siendo aceptada y seguida por los demás ministros. Cossío asumió, entre otras posturas progresistas, la tesis de anular las pruebas obtenidas de manera ilícita en perjuicio del debido proceso. Se distinguió además por defender las causas de indígenas y de transexuales. Concluido hace unas semanas el periodo para el que fue electo, se fue un ministro que se atrevió a interpretar de manera liberal el texto constitucional, yendo más allá de su rutinaria y mecánica aplicación.
Mas el retiro de Cossío se vio pronto compensado con la llegada a la presidencia del máximo tribunal del país de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, abogado por la Libre de Derecho, doctor por la Universidad Autónoma de México, autor de importantes textos jurídicos -concretamente con uno relacionado a la Ley de Amparo-, por años profesor universitario y hombre particularmente sensible a las causas de los derechos humanos. La experiencia profesional de Zaldívar se labró por fuera de los vericuetos burocráticos típicos de los organismos judiciales del Estado; su formación es pues externa, término con el que en el argot de los juzgados se identifica a quienes ejercen “del otro lado de la barandilla”. Y como miembro que es de la Corte hace nueve años, puede decirse con propiedad que, si la ejecutoria de José Ramón Cossío rompió con los anquilosados y letristas moldes procedimentales, la de Arturo Zaldívar redujo a añicos el fondo y la forma argumental de los antiguos modelos de sentencia, invariablemente opacos, frecuentemente injustos y, en no pocos casos, sospechosamente mediatizados.
Merced pues a su visión moderna y desinhibida para aplicar una justicia con rostro humano, los casos que en la actualidad llegan a la Corte son, en buena medida, objeto de un tratamiento diferente al de antaño cuando al interés social se le anteponía, en el mejor de los casos, una fría y robotizada interpretación de la ley, y en el peor, la dádiva y el cohecho. Entre los expedientes más relevantes tratados por el ministro Zaldívar merecen recordarse el de la periodista Lydia Cacho -que involucró a pederastas, a policías torturadores y a un gobernador poblano al servicio de sinvergüenzas-; el de la Guardería ABC -que costó la vida a decenas de menores de edad en un caso de tráfico de influencias que involucró al director del IMSS y a parientes de la esposa del presidente Calderón-; el de Florence Cassez -que, a más de la polémica liberación de la ciudadana francesa, significó el más sólido espaldarazo al llamado debido proceso- y, por mencionar el más reciente, el de la legalización del consumo de la marihuana. Zaldívar, al igual que Cossío, perdió muchas batallas frente al conservadurismo comprometido con el statu quo imperante. Pero perdiendo, arrojó luz al camino que conduce a la verdadera justicia.
En su nueva responsabilidad como presidente de la Corte, a su labor de ministro habrá de añadir Arturo Zaldívar la de ser cabeza del Consejo de la Judicatura Federal. Urge que en ese espacio se emprenda un proceso de moralización; se trata de una colosal tarea, semejante en dimensiones y grado de dificultad a la que hubo de emprender Hércules para limpiar las cuadras del Rey Augías. El descrédito social que pesa sobre los jueces se ha venido acumulando con años de prácticas en las que ha prevalecido el contubernio, la prevaricación, el cohecho y el manoseo de las leyes, en invariable perjuicio de quienes no disponen de influencia o de dinero. Y como en ningún otro ámbito del servicio público, el nefasto fenómeno del nepotismo se multiplicó en todos los niveles de la Judicatura, en tanto que sus integrantes la consideran un coto cerrado para su beneficio exclusivo. El círculo del desprestigio se cerró al revelarse públicamente la liberalidad con que se adjudican ingresos salariales exorbitantes, así como prestaciones y canonjías fuera de toda proporción republicana. Erradicar esos vicios es tarea que requiere determinación y valor, cualidades que ha demostrado poseer el nuevo Presidente de la Corte. ¡Adelante pues!
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