Solicitan a diputados locales armonizar leyes para proteger a periodistas
Desde septiembre, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos
Jesús Lima / El Sol de Tlaxcala
La Cámara de diputados del Congreso de la Unión exhortó al Congreso del Estado y a los del resto de entidades federativas a armonizar su marco normativo a fin de establecer en la legislación correspondiente la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, debido a que carece de legislación en la materia.
A través de un escrito dirigido al Poder Legislativo, esa soberanía recomendó al Congreso local a trabajar para armonizar las leyes y garantizar, en primera instancia, la libertad de expresión de los sectores antes señalados, y en segunda su protección.
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Si bien las legislaturas locales son autónomas, la Cámara de diputados cuenta con atribuciones de exhortar a los Congreso locales para actualizar su legislación, por ello, después de haber sesionado en días pasados, emitieron ese comunicado a las 32 entidades federativas.
Sin embargo, en la entidad ese tema no ha sido abordado con la seriedad necesaria, pues en septiembre de este año, la diputad Alejandra Ramírez Ortiz presentó la iniciativa para garantizar el derecho a la libertad de expresión para Tlaxcala, la cual permanece en la congeladora del Congreso local.
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De acuerdo con el planteamiento de la legisladora del Partido Alianza Ciudadana, las personas profesionales de la información tendrán derecho a desempeñar su actividad de manera libre y a mantener el secreto profesional, que salvaguarda a periodistas y colaboradores periodísticos en cumplimiento de sus funciones.
Además, puntualiza, la protesta social es un derecho individual y colectivo, por lo que las autoridades deben adoptar protocolos de actuación en manifestaciones conforme a parámetros internacionales dirigidos a la protección de las personas en el ejercicio de este derecho, sin vulnerar otros.
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EL APUNTE
Desde septiembre, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su análisis y dictamen correspondiente, donde permanece sin abordar.
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