Esperemos que esta propuesta sea valorada de manera estratégica por nuestros legisladores y líderes políticos, para una gestión eficaz y especializada en temas de actualidad como los mencionados.
México vive un proceso de modificación normativa, estructural e ideológica sin precedentes, en donde la apuesta hacía la innovación y tecnología está presente en la propuesta del gobierno federal actual; si bien los ajustes de la administración pública presentan amenazas a lo que hasta hoy conocíamos como instituciones garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, también es cierto que hay un área de oportunidad interesante para poder aprovechar temas y expertos especializados como inteligencia, artificial, ciberseguridad y privacidad.
En próximos meses, llegará la propuesta de Ley que aterrice la reforma de simplificación orgánica y reorganice las atribuciones del Estado mexicano para garantizar estos derechos; con ello, el Estado de México tendrá un parámetro de lo que habrá que hacer con el Infoem, aunque es necesario recordar que las entidades federativas cuentan con autonomía y libertad configurativa para poder determinar sus propias estructuras de administración.
Esta coyuntura, abre un espacio de reflexión con sociedad civil, expertos, el órgano garante estatal, legisladores y gobierno del Estado para repensar necesidades de la ciudadanía; podría pensarse en que los perfiles especializados en temas de transparencia y rendición de cuentas dejarlos en una sola institución, a fin de profundizar los trabajos en temas de apertura, transparencia y buen gobierno.
Y por otra parte, contar con una Agencia digital especializada en protección de datos personales, a la que se le podrían dotar de atribuciones para dar seguimiento a la estrategia de gobierno digital y electrónico, la ciberseguridad e inteligencia artificial al servicio de los ciudadanos, en donde se reúnan perfiles técnicos que maximicen el entendimiento sobre estos derechos digitales fundamentales para la protección de los derechos del pueblo frente a la tecnología, y que se valore a la privacidad como un derecho autónomo al de acceso a la información y no solo como un límite, como se le concibió mucho tiempo.
Estas áreas, requieren conocimiento profundo que no siempre es parte del perfil tradicional que hemos visto en las instituciones públicas, con la finalidad de asegurar el cumplimiento normativo y promover buenas prácticas en el manejo de la información personal y de tecnologías, esto es la política digital por parte de los sujetos obligados mexiquenses.
Hoy se vuelve indispensable contar con una institución líder en la implementación de políticas que regulen el uso ético y responsable de la IA, garantizando que las tecnologías respeten los derechos y libertades individuales; así como para impulsar estrategias robustas y proteger tanto a ciudadanos como a instituciones contra amenazas digitales.
