La madrugada de este miércoles, con 359 votos a favor y 135 en contra, con la mayoría de votos de Morena y sus partidos aliados, en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma al Poder Judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ahora deberá pasar al Senado.

El Consejo Coordinador Empresarial (CEE), máximo organismo de la iniciativa privada en el país, a través de su presidente, Francisco Cervantes Díaz, se mostró en los últimos días demasiado cauteloso sobre el tema y solamente podemos reproducir lo que dijo recientemente en su intervención, durante el evento por el 150 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Cervantes Díaz, según reprodujeron los medios, sobre el tema dijo que “en todos estos años de historia, los empresarios hemos siempre estado atentos a los temas del acontecer nacional, expresando nuestras opiniones con sinceridad, autenticidad y buena voluntad, y al mismo tiempo, manteniendo nuestro propósito de trabajar en forma permanente para la mejora continua de nuestro país”.

Sin embargo otras organizaciones, como ejemplo la Internacional Chamber of Commerce (ICC), llamó el martes pasado a “evitar exacerbar riesgos de violaciones al derecho internacional y, por ende, posibles condenas económicas contra el país que deberán pagarse con los impuestos de todos los contribuyentes mexicanos, además de no desaprovechar el nearshoring”, que representa una gran oportunidad para atraer inversiones.

El organismo global (que representa a 45 millones de empresas en el mundo) y su Capitulo mexicano advirtieron que, en los términos en que está redactada, la reforma al Poder Judicial “podría poner en riesgo la independencia e imparcialidad de los tribunales judiciales mexicanos, lo que tendría graves consecuencias para la inversión nacional y extranjera y, en última instancia, para la economía del país y el pueblo mexicano”.

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Agregó que México, como Estado soberano “ha asumido compromisos internacionales que obligan a mantener un sistema judicial independiente e imparcial, que permita un Estado de Derecho que proporcione certidumbre jurídica, elemento crucial para atraer y retener inversiones extranjeras”, además, de que esta reforma “podría derivarse de una politización del Poder Judicial, lo cual no sólo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que también “generaría un contexto que lograría desencadenar arbitrajes internacionales en contra del Estado mexicano”.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, en su resiente Análisis Económico Ejecutivo se refirió a los potenciales impactos económicos de esta medida y entre otras cosas enfatizó que la propuesta presidencial se contrapone con el tratado comercial de México con Estados Unidos y Canadá (TMEC), dado que un requisito esencial de este acuerdo es contar con un sistema judicial independiente.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), publicó esta semana una carta en la que detalló que uno de los principales peligros de esta iniciativa “es la elección directa por voto popular de jueces, magistrados y ministros, ya que derivaría en la politización en la administración de justicia “comprometiendo la independencia judicial”, con decisiones influenciadas por intereses electorales y otros externos “contraviniendo el principio de imparcialidad que debe regir el Poder Judicial”.