Esa realidad está cambiando y, aunque tarde, la Cuarta Transformación también está llegando al Poder Judicial como parte de un proceso histórico que está reivindicando la finalidad social de nuestras instituciones y del régimen político en su conjunto.
Hace algunos días se realizó en Toluca, en la Legislatura del Estado de México, el foro que atiende a los “Diálogos Nacionales para la Reforma Constitucional del Poder Judicial”. Este ejercicio es parte de nueve foros que se están realizando en diversas entidades, así como 300 asambleas a lo largo del país.
Los críticos a la reforma judicial han señalado que tales Diálogos no alterarán el fondo de los cambios propuestos por el presidente López Obrador, sin embargo, en ello se soslaya el valor per se de abrir al escrutinio popular, un poder tradicionalmente cerrado a los estudiosos del Derecho.
Y es que, por décadas, el Poder Judicial en México tuvo una función utilitaria a las necesidades de un sistema presidencial de partido hegemónico. En consecuencia, por décadas se fue conformando un poder alejado de la gente y ajeno a su realidad, lo cual es más cierto cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia, espacio cerrado a una casta de notables que, so pretexto de recompensar la capacidad de sus integrantes, han pasado años exigiendo al país lo más lujoso en cuestión de gratificaciones, salarios e instalaciones.
Los críticos de la reforma también ignoran que ésta atiende un mandato popular expresado de manera contundente el pasado 2 de junio, cuando estuvo en elección no solamente la presidencia de la República sino la mayoría calificada en ambas Cámaras del Congreso de la Unión así como la reforma al Poder Judicial.
Nunca se había discutido una reforma de esta profundidad, relacionada también con el manejo de los recursos del Poder Judicial. Y eso es una buena noticia para nuestra democracia, pues en ello se abre la oportunidad de que jueces, magistrados y ministros adopten un ejercicio austero y republicano de los recursos públicos, lo que contribuiría a crear una nueva cultura de servicio de los operadores de justicia.
Por estas y otras razones, una reforma del Poder Judicial es impostergable. Es responsabilidad de los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y, desde luego el Judicial, llevar a buen puerto una tarea de tal talante. En ello se juega no solo la disminución de las percepciones de los ministros o la participación de la gente en la selección de éstos, sino el papel al que está llamado este Poder para poder cumplir cabalmente con la impartición de justicia.
