Es derecho de la ciudadanía participar de forma pacífica en los asuntos políticos del país, y es obligación del Estado Mexicano, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Así lo establecen los artículos 35 y 41 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el mismo tenor, encontramos disposiciones en el marco normativo electoral que señalan que la salvaguarda y cuidado de las boletas electorales se consideran un asunto de seguridad nacional. De esta manera, podemos encontrar numerosas disposiciones dirigidas a salvaguardar la seguridad de todo el proceso electoral.

Es importante dimensionar el problema de violencia política como un fenómeno que ha estado presente en distintas etapas desde el siglo XX, con diferentes intensidades y con la participación de diversos actores y factores, más allá de los estrictamente políticos. También vale la pena recordar que es hasta unos años que se empieza a conceptualizar un mecanismo de protección a personas candidatas.

Fue a partir de 2021 cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE adoptar, en el ámbito de sus competencias, por lo menos seis distintas medidas, como la implementación de protocolos necesarios para crear una política electoral nacional en materia de prevención de factores de riesgo de violencia electoral.

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Cabe notar que la abrumadora mayoría de solicitudes de protección (9 de cada 10) corresponden a candidatas y candidatos por alcaldías, lo que refleja la necesidad de hacer de la paz de los comicios un asunto también de los gobiernos municipales, y un reclamo de la ciudadanía para ese ámbito de gobierno.